Una reflexión sobre la gestión de los bienes comunes y de los territorios. (Ed. # 34)

Desde hace más de 30 años, las propuestas sobre una co-gestión de los bienes comunes y de los territorios con el fin de fortalecer un desarrollo participativo y autogestivo entre los diversos actores involucrados se han fuertemente incrementado, teniendo resultados contrastantes. En algunos casos emblemáticos para América Latina, por ejemplo, diversas comunidades forestales en el centro y sur de México o en el Petén guatemalteco o en territorios indígenas panameños o colombianos, han logrado construir organizaciones autogestivas.

Poco a poco y con vaivenes, han desarrollado tanto fondos autogestivos a partir de los propios beneficios económicos de las actividades forestales como nuevos arreglos institucionales a partir de inversiones públicas y privadas. Después de varios años, las organizaciones y agrupaciones han generado instrumentos y mecanismos que los han llevado a tener una mayor participación en la gestión de sus recursos forestales y de sus territorios. Sin embargo, varias preguntas quedan por resolverse: ¿qué tanto han podido influir o inclusive cambiar las relaciones de poder en dichos territorios?, ¿se han logrado transformaciones sociales y económicas con beneficios colectivos?, ¿cuáles son los mayores obstáculos a vencer para lograr un mayor bienestar generalizado en la región?

Asomarse a tratar de responder estas preguntas nos abre puertas para entender los obstáculos, las contradicciones y los conflictos a diversas escalas en la gestión de los bienes comunes y de los territorios. Aunque se hayan podido ir construyendo paulatinamente caminos hacia una co-gestión del recurso forestal, tenemos que entender si esta autogestión queda atrapada en el propio discurso y en las estructuras institucionales del Estado o si genera nuevos arreglos que puedan llevar a transformaciones en el control territorial de la región.

Si bien es cierto que existen valiosas experiencias de concertaciones y cogestiones de los bienes forestales, escasean aún experiencias en la autogestión de producción agrícola porque involucran otro tipo de procesos regionales y financieros y otro tipo de actores que no permiten la cogestión regional. En términos de Ferguson [1], la maquinaria del desarrollo puede convertirse en dar sólo soluciones desde aspectos técnicos, inclusive ambientales, hasta económicos; pero esto oscurece las dimensiones políticas y éticas de una verdadera co-gestión territorial. Los arreglos institucionales generados en este desarrollo autogestivo, tanto de fondos como de caminos alternativos, deben llevar a transformaciones políticas para lograr asegurar cambios en las estructuras de poder que permitan un bienestar colectivo a largo plazo. En este número de AGTER, se nos brindan reflexiones y ejemplos para evaluar estas transformaciones requeridas y las diversas formas de construir sustentabilidades a largo plazo.