Seguridad y soberanía alimentaria, derechos sobre la tierra (individuales y colectivos), comunes

Síntesis provisoria presentada en plenaria el 2 de abril. MELLAC, Marie, investigadora, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) France

BALANCE

Las crisis alimentarías de 2007-2008, causa de los “disturbios del hambre” en los denominados países en vías de desarrollo, fueron reveladores, no de la escasez de alimentos, sino del problema de acceso a los alimentos. Las crisis han sido el resultado del desarrollo de un modelo de agricultura, la explotación capitalista con mano de obra asalariada, que no responde a las necesidades alimenticias de aquellas personas sin recursos o con muy pocos recursos económicos. La expansión de este modelo impide el logro de la seguridad y la soberanía alimentaria¹.

En los últimos años, la aceleración de los procesos de acaparamiento y concentración de la tierra y de los recursos naturales (agua, semillas, pesca, bosques…) cuestiona su uso apropiado por la mayoría de las familias y comunidades rurales. Estos procesos ponen en peligro la producción agrícola de cientos de millones de campesinos y campesinas que se alimentan de su producción y que aparte cubre ya más del 70% de las necesidades mundiales de alimentos a pesar de todas las dificultades que experimenta la agricultura campesina.

Siguiendo una línea continuista de las políticas llevadas a cabo durante el período colonial, y en línea con las recomendaciones de las instituciones internacionales, muchos Estados han formalizado el derecho a la propiedad de la tierra y a los recursos naturales siguiendo esquemas jurídicos extranjeros que no corresponden a las representaciones de las poblaciones y comunidades y tampoco a los usos que hacen de los recursos. Está ampliamente extendido el modelo de derecho individual absoluto sobre todos los recursos de una parcela de tierra, exclusiva y transferible al mejor postor en un mercado. Esto altera los sistemas de organización del espacio y los usos de los recursos naturales. Para muchas comunidades e individuos, la tierra no es una mercancía. Los usuarios de los recursos en un mismo lugar pueden ser diversos y ordenar su uso según una gestión colectiva. En Senegal, por ejemplo, la legislación nacional no reconoce la propiedad colectiva familiar. Negando la existencia y el papel de las instituciones sociales fundamentales de los sistemas locales, se afecta directamente sobre la capacidad de las zonas rurales para controlar los usos de los recursos relacionados con los alimentos, es decir, se niega su capacidad para ejercer su soberanía alimentaria.

El cumplimiento del formalismo individualista y liberal es a menudo largo y costoso. La mayoría de los campesinos se encuentran excluidos económicamente al acceso de los títulos de propiedad garantizados por el Estado, como es el caso de Madagascar. Numerosos ejemplos muestran sobretodo que la distribución de los títulos de propiedad crea en realidad situaciones de inseguridad en relación a la propiedad de la tierra y facilita lo contrario, la concentración de la tierra. En un sistema donde los derechos se redistribuyen al mejor postor, el uso de los recursos es precario y casi imposible para los más necesitados, especialmente para los jóvenes. El uso intermitente de la tierra, como el pastoreo trashumante, crucial para los pastores nómadas, se encuentra en una situación particularmente precaria.

Al no reconocer de manera efectiva las normas locales de manejo de recursos naturales, los Estados acaparan tierras de uso tradicional que volverán al repertorio de las tierras “disponibles” para los eventuales “inversores” después de haberlas convertido en tierras del Estado (como ha sido el caso en India por ejemplo). Esto contribuye al desalojo de las comunidades rurales de sus territorios por parte de actores que buscan beneficios a corto plazo. Con frecuencia, las personas que se someten a estas formas de desalojo no son compensados.

Las modalidades de gestión colectiva establecidas en varios lugares (derecho consuetudinario o tradicional, comunes más recientes,…) nacieron de las experiencias de las condiciones locales (clima, recursos,…) y de la cultura de los grupos afectados. Estos sistemas pueden proporcionar a los usuarios un acceso seguro a los recursos garantizando la aplicación concordante (coherente) y los usos agroecológicos (pastoreo, culturas, recolección, caza, pesca,…). Contienen las claves para una gestión duradera y sostenible de los recursos naturales y una distribución equitativa de los beneficios en el seno de las sociedades.

No se trata de considerar como sagrados todos los modos de gestión comunitaria existentes. Algunas formas, notoriamente tradicionales, mantienen fuertes desigualdades de poder y generan exclusión. El reto es proteger los comunes existentes para evitar la desaparición de las comunidades de las que dependen y mantienen. Hay que encontrar modalidades de organización en torno a las tierras y a los recursos naturales portadores de seguridad de uso para los usuarios familiares en proceso de desalojo que sean beneficiosas para todos.

Los ejecutivos y los poderes políticos y legales, nacionales e internacionales, deben evolucionar y crear un lugar para los sistemas de poder y de organización colectiva local. Se debe buscar la articulación de los derechos individuales y colectivos más capaces de proteger los usos familiares y comunitarios de los recursos naturales. Esta será una condición para la seguridad y la soberanía alimentaria.

PROPUESTAS

Acción ciudadana

• Revindicar el reconocimiento y la protección, por los gobiernos, de las normas locales que afectan a la tierra y los recursos naturales,

• Apoyar (participando o proporcionando un apoyo material o financiero) las experiencias colectivas concretas de organización de los usos favorables para la agricultura campesina y otros usos familiares / comunitarios de los recursos naturales,

• Desde las organizaciones civiles de usuarios de la tierra y de los recursos naturales abiertas a los urbanos, investigadores,… elaborar propuestas políticas y jurídicas sobre la tenencia de la tierra que:

  • Se inspiren en los modos existentes de organización de los usos adecuados para la agricultura campesina y otros usos familiares / comunitarios de los recursos naturales (desde los funcionamientos consuetudinarios / tradicionales, pero también las acciones de los Estados cuyas formas de regulación de la propiedad privada individual garantizan el interés general),

  • Organicen la convivencia entre las fuentes de las normas/ poderes locales (los sistemas comunitarios consuetudinarios, tradicionales,…) y el derecho nacional e internacional para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de lo local a lo global,

  • Otorguen un peso preponderante al interés de todos los miembros, hombres y mujeres, de las comunidades locales en la definición del interés general ante cualquier decisión de implementar un proyecto (de minería, de infraestructura, de agricultura, de silvicultura,…) que afecte a su territorio,

  • Integren por completo las cuestiones ecológicas, económicas y sociales: derecho a la tierra y todo aquello relacionado con los recursos naturales y que estén condicionados al cumplimiento de las normas, incentivando mediante la obtención de mejores prestaciones en estas áreas a través de la concesión de beneficios relacionados con el ejercicio de estos derechos.

• Construir alianzas más amplias, especialmente con el medio urbano, para que el equilibrio de las fuerzas políticas se incline a favor de los regímenes de propiedad de tierras favorables para la agricultura campesina y a otros usos familiares y comunitarios de los recursos naturales.

Para forjar tales alianzas se debe:

• Desarrollar y comunicar los argumentos fuertes a favor de estas categorías de rurales en el ámbito de la alimentación, de la creación y mantenimiento de puestos de trabajo y condiciones de vida, y la protección del medio ambiente (agroecología, lucha contra los agroquímicos y otros contaminantes, contra el cambio climático, etc.),

• Analizar y explicar las implicaciones de los modelos jurídicos, tales como la propiedad privada individual, el registro, el catastro,… según sus diversas modalidades de aplicación, con el fin de advertir a la opinión pública contra el discurso de los estados y las instituciones internacionales que justifican estas transformaciones argumentando que estos cambios van a aportar una mayor seguridad de la tenencia de la tierra. Cuestionar el uso de algunos términos que dan pie a orientaciones políticas desfavorables para la agricultura campesina y otros usos familiares y comunitarios de las tierras (por ejemplo: “explotación” agrícola, “recursos”, …),

• Interpelar sobre la manera en la que se define el interés general y, en particular, quien lo define. Cuestionarse sobre como el interés general debería ser definido para se verdaderamente general y recordar que sentido debería darse a los términos de propiedad pública y propiedad privada del Estado,

• Defender las condiciones de la agricultura campesina en contra de los marcos legales que las restringen: desarrollar las semillas campesinas, los mercados campesinos, la alimentación campesina…

Medidas políticas y jurídicas necesarias

• Reconocer y proteger eficazmente los sistemas colectivos de derechos a la tierra locales tradicionales y consuetudinarios o más recientes,

• Proteger las explotaciones familiares contra la agricultura capitalista asalariada a través de un estatuto particular,

• Redistribuir las tierras acaparadas y limitar la transferencia de derechos de propiedad o de explotación para preservar y generalizar la agricultura campesina y los otros usos familiares y comunitarios de los recursos naturales,

• Suprimir las barreras y democratizar la toma de decisiones: los hombres y las mujeres rurales, jóvenes y mayores, deben participar en las decisiones relativas a las asignaciones de los usos de los recursos (proyectos agrícolas, forestales, turísticos, mineros,…)

• Facilitar la relocalización de los sistemas agrícolas y alimentarios (transformación y consumo).

INTERVENCIONES

La siguiente lista no es exhaustiva. Nos disculpamos ante los que intervinieron en este taller y con los participantes que no encuentren su nombre, y os invitamos a manifestaros, en la siguiente dirección, para permitirnos publicar una nueva versión de este resumen con la lista completa: secretariat@landaccessforum.org

Intervenciones introductorias:

• CASTILLO HUERTAS, Ana Patricia, Feminista agraria, Guatemala

• CISSÉ, El Hadji Thierno, Asistente del Coordinador de la Unidad de Apoyo Técnico, Consejo Nationel de Consulta y de Cooperación de los Rurales (CNCR), Senegal

• KOUAMÉ, Georges, Investigador, Universidad Félix Houphouët Boigny, Costa de Marfil

• ROMERO BORRALLO, Eugenio, Diputado del Parlamento de Extremadura, Podemos, España

• SHARMA, Ramesh Chandar, Coordinador de Campaña, Ekta Parishad, India

Intervenciones de los participantes:

• ANDRIANTIANA, Rija, Presidente del Comité Nacional para la Defensa de los derechos de la Tierra, Madagascar

• BASTERRETXEA, Txaran, Consultor, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), España

• CHAUVEAU, Jean-Pierre Director de Investigaciones Eméritas, Comité Técnico « Tierras y Desarrollo», Francia

• DOUWE VAN DER PLOEG, Jan, Profesor, Universidad de Wageningen, Paises Bajos

• FAYE, Iba Mar, Jefe de misión Agricultura familiar y de la tierra, GRET, Senegal

• LOUW, Carmen, Mujeres de Proyecto Granja, Sudáfrica

• MONREAL GAINZA, Borja, Consultor de Desarrollo Rural, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

• NASCIMENTO SILVA, Adriana. Confederación Nacional de los Trabajadores Agrícolas, Brasil

• NEVES, Vitor Carlos, Central de las Cooperativas y Empresas Solidarias UNISOL, Brasil

• THOMSON, Frances. Universidad de Sussex, Reino Unido

Moderador:

• MAMALO, Abdoul Karim, Antiguo Secretario Permanente del Código Rural de Níger

Relator:

• MELLAC, Marie, Investigadora, Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS), Francia

¹ La seguridad alimentaría, tal como se define por la FAO, existe cuando “todos los seres humanos tienen, en todo momento, el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes.” del término soberanía alimentaria surgió desde el movimiento campesino La Vía Campesina, en particular, para refutar la liberalización del comercio agrícola, y para incidir sobre el mismo derecho que las personas deben tener para ser capaces de definir y aplicar políticas agrícolas y alimentarías de su elección y garantizar las condiciones de vida de los campesinos. Esta libertad de elegir los métodos de producción de alimentos justifica el derecho a proteger y regular la producción y el comercio agrícola.