Por una Corte Mundial de Justicia capaz de castigar a las empresas culpables de violaciones de los derechos fundamentales. (Ed. # 47)

Se ha formado una alianza global para pedir la creación de un recurso judicial, por encima de los Estados, contra las empresas que violan los derechos humanos básicos. En un momento en el que los objetivos de ganancias de las multinacionales se anteponen en gran medida al interés general, AGTER se une a esta alianza y le invita a usted también a firmar la petición a favor de un tratado vinculante de la ONU que haga finalmente del respeto de los derechos humanos una prioridad.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos promulga derechos esenciales que deben ser garantizados a todo individuo: el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la vivienda, la salud, la alimentación, el acceso a los recursos naturales, la educación, la expresión, la acción cívica y política … . Estos derechos están consagrados en textos firmados conjuntamente por una gran mayoría de Estados, en su época, como la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).

Sin embargo, salvo en casos muy especiales, estos derechos no son justiciables a nivel internacional. Hasta la fecha, ninguna institución judicial supranacional tiene la facultad de sancionar su violación por parte de individuos, Estados o empresas en todos los casos. Los Estados signatarios de estos derechos han decidido confiar la protección de los mismos únicamente a los sistemas judiciales nacionales. Sin embargo, en muchos países, estos sistemas no ofrecen soluciones accesibles, fiables e imparciales a un gran número de ciudadanos.

¿Son los derechos fundamentales menos esenciales para la humanidad que la libertad de empresa? El derecho del comercio internacional y de las inversiones está protegido muy eficazmente por los jueces supranacionales. Las sanciones impuestas por estos últimos a los Estados que contravienen los Tratados Internacionales para la Promoción y Protección del Comercio y la Inversión son inderogables. Los Estados que han aceptado la creación de este poder judicial y que se someten a él, se comprometen a pagar indemnizaciones, por valor de decenas de millones de dólares, a las empresas que han obtenido el reconocimiento de los daños en virtud de estos textos.

En 2009, la jurista Monique Chemillier-Gendreau, profesora emérita de Derecho Público y Ciencias Políticas de la Universidad de París - Diderot, expuso el escándalo de este « doble rasero » y sus efectos devastadores sobre la preservación y el reparto de los recursos naturales, durante uno de nuestros encuentros temáticos. Este especialista en derecho internacional y en teoría estatal había explicado muy claramente la dualidad actual del derecho internacional, « duro » para proteger a los inversores y al comercio, « blando » para los derechos fundamentales, así como las consecuencias de esta situación en el ámbito del uso de la tierra y los recursos naturales. Subrayó la necesidad de que un juez por encima de los Estados conozca y sancione las acciones de los Estados y de las empresas que deben serlo. Esta exigencia de « justiciabilidad » supranacional ha sido llevada a cabo desde entonces por nuestra asociación, que no ha cesado de señalar la insuficiencia de los pasos dados para producir nuevos textos internacionales sin eficacia jurídica (Directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra aplicables a la tierra, la pesca y los bosques, los derechos de los campesinos, …) o incluso el riesgo de que estos pasos puedan desalentar la esperanza de los ciudadanos en el Derecho Internacional de los Derechos Fundamentales tan ineficaz en su organización actual.

Hoy en día, con las campañas nacionales, europeas y globales para un tratado vinculante de la ONU sobre los derechos humanos fundamentales para las empresas multinacionales y los Estados, la creación de un órgano judicial eficaz sobre los Estados es exigida por un gran número de organizaciones. Obviamente, los gobiernos nacionales y los poderes económicos privados se oponen a esto. Por lo tanto, este progreso esencial debe ser impuesto por los ciudadanos.

La firma de la petición a favor de una jerarquía de normas jurídicas que beneficie finalmente a todas las personas y pueblos y la difusión de la llamada a firmarla son un primer medio crucial para aumentar el peso de esta demanda. Cada uno puede también aumentarlo a su alrededor organizando debates sobre este objetivo y lo que está en juego y no dejando de denunciar la impunidad de las multinacionales y de los Estados culpables de violar los derechos fundamentales. Este escándalo debe cesar por completo.

Encontrarán referencias a las campañas y a la reunión temática de AGTER con Monique Chemillier-Gendreau en el artículo « Por un tribunal mundial capaz de sancionar a las empresas y a los Estados culpables de violaciones de los derechos humanos » (en francés) accesible más abajo.

Las conferencias-debates organizadas a principios de año por el « Collectif citoyen en France contre l’accaparement des terres » expusieron la situación de las comunidades que se enfrentan a las plantaciones del grupo Bolloré Socfin en Camboya y Camerún y las palancas que pueden utilizar para resistir. La del 15 de enero se centró en la lucha por un « Tratado de la ONU vinculante ». Le invitamos a consultar los resúmenes de estas conferencias a través de los enlaces de la sección de vídeo que aparece a continuación.}

DIVERSOS

La cuestión de la preservación de los suelos agrícolas y naturales en Europa también es objeto de un animado debate. En Francia, la lucha contra los « grandes proyectos inútiles » es un tema de actualidad en muchos territorios, como lo demuestran las acciones para preservar los suelos de la « ZAD » (Zone À Défendre) de Notre-Dame des Landes cerca de Nantes y los del « triángulo de Gonesse » al norte de París. En estos dos casos, los métodos de preservación de la tierra previstos requieren la máxima atención. El dictamen elaborado por Robert Levesque, presidente de AGTER, en el marco de la consulta organizada por los poderes públicos sobre el proyecto de « Zona Agrícola Protegida » en Gonesse (enlace más abajo) es indicativo de la necesidad de seguir movilizándose.

Para la coalición a favor de una  »ley de tierras que preserve y comparta las tierras agrícolas y naturales«  (formada por invitación de AGTER, Terre de liens y la Confédération paysanne), las reglas de asignación y uso de las tierras en Francia deben ser completamente revisadas. La importancia de legislar en este sentido dista mucho de ser unánime entre los diputados. Los análisis y propuestas de los miembros de la coalición sobre lo que está en juego en una ley de este tipo fueron presentados durante un coloquio organizado en la Asamblea Nacional de Francia. A continuación, se propone el enlace a la grabación en vídeo de este debate.

Traducción del francés al español realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator, y validada por el equipo de AGTER.

Ver aquí el texto completo del Boletin de información de AGTER de diciembre 2019