Title, subtitle, authors. Research in www.agter.org and in www.agter.asso.fr
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English version: Preserve and Share the Land. A Synthesis of AGTER’s and Terre de liens’ Proposals to rebuild France’s Agricultural Land Policy
Nuestras proposiciones para una nueva política de tierras agrícolas en Francia
Writing date:
Organizations: Association pour contribuer à l’Amélioration de la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources naturelles (AGTER), Terre de Liens
Type of document: Paper / Document for wide distribution
Conservar la tierra
Constatación
Hoy en día, las plantas terrestres proveen 97% de las calorías que consumimos. El futuro de la alimentación humana depende de los espacios agrícolas y forestales. Estos juegan un papel muy importante, teniendo funciones ecológicas complementarias e interdependientes de producción de biomasa, almacenamiento de carbono, de agua y de elementos minerales y hábitat para la biodiversidad. Para construir un mundo sostenible desde el punto de vista de la humanidad, debemos poner fin a la destrucción de las áreas agrícolas y forestales. Es una de las medidas a tomar para luchar contra el recalentamiento global y la erosión de la biodiversidad y para asegurar una producción alimentaria duradera.
Las fallas del dispositivo legislativo actual
Hoy en día, la política de preservación (en términos de superficie) de las áreas agrícolas y forestales utiliza zonajes múltiples y separados [ZAP (zona agrícola protegida), PENAP (zona de protección de los espacios naturales y agricolas periurbanos), inventario de las Zonas Naturales de Interes Ecologico de Fauna y de Flora (ZNIEFF), perímetros de captación de agua, áreas boscosas clasificadas, etc.]. Estas políticas sectoriales no permiten conservar el conjunto de estos espacios. Para conservar las áreas agrícolas y forestales en su globalidad, se debe detener su destrucción por la expansión urbana y la construcción de infraestructuras.
Las propuestas
Delimitar las « zonas urbanas » y las « zonas naturales, agrícolas y forestales »
Dejar la competencia del urbanismo a los aglomeraciones de municipios o a los municipios en el seno del tejido urbano.
Dar la competencia de la expansión urbana exclusivamente al Estado central y a la Región, de tal forma que la expansión urbana sea aceptada únicamente por excepción, derrogando a la regla general. Aplicar la secuencia ERC: Evitar - Reducir - Compensar, compensando las áreas afectadas por la expansión urbana con la transformación de otras tierras previamente urbanizadas o de areas industriales abandonadas en zonas cultivadas, o en áreas naturales, no solamente en términos de equivalente en hectáreas, sino también en real potencial natural y agronómico.
Medidas de apoyo
Anular las plusvalías que realizan los terratenientes debido a los « cambios de uso » o a las modificaciones de las infraestructuras públicas.
Introducir un impuesto de urbanización que sea lo suficientemente elevado para volver la expansión urbana más cara para los promotores inmobiliarios que la reconstrución de la ciudad sobre la ciudad misma.
Compartir la tierra y utilizarla mejor
Constatación
La tendencia es ir hacia la concentración de las tierras en unidades de producción más y más grandes. Estas implementan sistemas especializados, simplificados, estandarizados, robotizados, automatizados en parcelas cada vez más extensas, sin tomar suficientemente en cuenta el medio ambiente. La agroecología, por lo contrario, busca la adaptación de los sistemas de producción a los diferentes espacios ecológicos (ver la Loi d’avenir de 2014). Los sistemas de producción de las grandes explotaciones ocupan una proporción cada vez mayor de las aréas agropecuarias (cereales y ganado de carne), aunque produzcan menos valor agregado por hectárea y ofrezcan menos empleos por unidad de superficie,.
En Francia, las unidades de producción siguen siendo todavía en su mayoría unidades familiares o campesinas : los dueños del capital productivo (sin incluir la tierra) son quienes proveen la mayoria de trabajo. Sin embargo, la mano de obra salarial supera ahora la mano de obra familiar en un número creciente de unidades de producción y los portadores de capital social de las empresas agrícolas que no participan ellos mismos a las faenas del campo son cada vez más numerosos. Para algunos, la agricultura es un sector de inversión entre otros. Al mismo tiempo, cada vez más creaciones de nuevas unidades de producción por jovenes agricultores se hacen fuera del ámbito de la familia, frecuentemente en areas muy pequeñas. Estas tendencias revelan la existencia de numerosos portadores de proyectos y un deseo de producir de otra manera. Pero el acceso a la tierra sigue siendo muy difícil para la mayoría de ellos, aún cuando necesiten pocas tierras. Esto es aún mas problemático en este momento al existir una fuerte demanda social de producción local de calidad y de respeto al medioambiente y una clara necesidad de mantener una vida social adecuada en las campañas.
Las fallas del dispositivo legislativo actual
Desde 1960 y 1962, una política de regulación del tamaño de las unidades de producción, (llamada en Francia política de estructuras) ha sido concebida y aplicada. Estaba basada en la promoción de unidades de producción individuales de 2 unidades de trabajo (una familia nuclear). Para poder llevar a cabo sus proyectos agropecuarios, los candidatos debían obtener una autorización de explotación para instalarse como productores, o para ampliar las tierras que utilizaban. Las SAFER, sociedades de ordenamiento de las tierras y de instalación en el campo, obtuvieron por ley en 1962 un derecho preferente de compra de las tierras agrícolas para orientar el destino de los terrenos que sus dueños querían libremente vender. A partir de los años 1980, con el desarrollo de dispositivos para esquivar la ley y con el desarrollo de nuevas formas empresariales y sociedades de distintos tipos en la agricultura, estos mecanismos de control han perdido buena parte de su eficacia. Habían sido pensados en un contexto diferente, y ya no permiten controlar estructuras agrícolas manejadas por sociedades.
Proposición central : La creación de una nueva instancia de regulación de los derechos de uso de las tierras, la Comisión departamental de la regulación de tierras
Se trataría de una nueva “Comisión de estructuras”, inspirada de las que han existido en Francia, pero adaptada al contexto actual para tomar en cuenta la multiplicación de las « sociedades » agricolas. Estaría presidida por el Prefecto, e integraría representantes de los sindicatos agrícola, de los elegidos, y de representantes de las organizaciones del medio ambiente. La composición de la Comisión y sus decisiones tendrían que ser transparentes con respecto al público en general.
La idea es desarrollar una gobernanza de la tierra más participativa, democrática y respetuosa de los equilibrios de los territorios.
En el territorio que este bajo su responsabilidad, la Comisión tendra autoridad (competencia) para autorizar o rechazar, en base a 3 criterios principales, el valor agregado por hectárea, el empleo por unidad de la superficie y la durabilidad de los sistemas de producción, la realización :
1) de los proyectos de venta de bienes agrícolas (terrenos, inmuebles, …) o de acciones de sociedades que disponen en la realidad de derechos del uso de bienes agrícolas y
2) de los proyectos de arrendamiento de bienes agrícolas.
Las SAFER, bajo el control del Estado, tendrían la responsabilidad del Observatorio de los mercados de tierras y estarían encargada de aplicar y de acompañar la política de tierras de la Comissión.
Proposiciones complementarias
Continuar y mejorar el control del costo de acceso a la tierra a través de los arendamientos (vía techos de montos de alquiler y las regulaciones que establece hoy la ley sobre arrendamientos) y de la compra de tierras (vía una regulación de los precios de las tierras) con el objetivo de permitir el acceso a la tierra a un público general más amplio.
Crear o fortalecer dispositivos de compra temporal y transitoria de tierras que ayuden a la instalación del mayor numero posible de productores.
Implementar medidas específicas de financiamiento de las infraestructuras agroecológicas sobre los espacios agrícolas o forestales para aumentar la sostenibilidad de los sistemas.
Financiar las herramientas de la política de la regulación de tierras con recursos públicos, con el objetivo de que estos ya no dependan más de las plus-valías realizadas con las operaciones de compra-venta de tierras.