Caja de herramientas para sistematizar normativas de gobernanza territorial indígena y elaborar lineamientos de desarrollo auto determinado

Terrritorio Embera de Ejua So. Asamblea de la comunidad. Foto Carlos C.Nassar

El espacio, el territorio, la tierra, son construcciones sociales que se producen durante largos procesos históricos y reflejan la sociedad que los genera. Sociedades desiguales producen espacios asimétricos y la vida cotidiana de su población se desenvuelve en el contexto de las diferencias. Es así como, al lado de las desigualdades socioeconómicas y las exclusiones, las poblaciones más desfavorecidas deberán habitar en las áreas donde la degradación ambiental es mayor y la exposición a amenazas se incrementa en la medida que aumenta la vulnerabilidad que generan las exclusiones social, económica, política y cultural.

En la historia del mundo colonizado, el despojo de las tierras indígenas significó que grandes grupos de población fueran reducidos a las tierras menos fértiles sobre las que tampoco tuvieron nunca seguridad jurídica de acuerdo a las normas de los estados coloniales y postcoloniales. También significó que quienes se apropiaron de las tierras indígenas, las deforestaran y dedicaran a cultivos industriales (como el banano y la piña en Costa Rica, la palma africana en Guatemala y Honduras, el algodón en El Salvador y Nicaragua, el banano en Panamá y Ecuador, la soja en Bolivia y Paraguay, el cacao en Costa de Marfil, la ganadería extensiva en África del Sur, entre otros) poco aptos para las condiciones de los suelos tropicales, erosionándolas e incrementando el riesgo de desastres, la vulnerabilidad ante las amenazas y reduciendo la capacidad de resiliencia de las economías y las poblaciones.

Al otro lado, los indígenas, confinados en las tierras más aisladas y con menores condiciones de producción (para las plantaciones), se vieron obligados a cambiar sus sistemas de producción adaptados a sus condiciones agroecológicas y a adoptar técnicas de cultivo foráneas que tampoco contribuyeron a mitigar los riesgos. Además, si no tumbaban su propio bosque, el Estado consideraba sus tierras ociosas y corrían el riesgo de perderlas.

La consideración de las normas ancestrales de gobernanza territorial contribuye a legitimar social y culturalmente las medidas de adaptación al cambio climático y con ello a:

• La prevención de conflictos.

• La gestión prospectiva de riesgos.

• La resistencia de los sistemas de producción y los medios de vida ante las amenazas y el cambio climático.

• La seguridad alimentaria.

• La resiliencia de las familias y las sociedades frente al cambio climático.

Los indígenas se convirtieron en las poblaciones más vulnerables y con economías menos resilientes, aunque sus sistemas de organización social, que se conservaron a pesar de ser estigmatizados por los sectores dominantes, les aseguraron sistemas de resiliencia comunitaria que se expresan en complejas redes de reciprocidad y en estructuras de poder y toma de decisiones legitimadas en el marco de sus culturas (las autoridades ancestrales en Guatemala, los monéxicos en Nicaragua, los congresos y consejos generales en Panamá, los consejos de mayores en Costa Rica, los consejos territoriales en la Moskitia hondureña, los linajes en el campo haitiano y en África Occidental, las comunas negras en la costa ecuatoriana, los ayllus, markas y suyus en Bolivia, solo por citar algunos ejemplos). Hay que subrayar que las estructuras de poder y toma de decisiones prehispánicas y africanas, persistieron en las sociedades coloniales y postcoloniales mediante la adopción de formas aceptadas por las sociedades dominantes.

Como una estrategia de resistencia, los sistemas de poder tradicionales, se enmascararon bajo nuevas formas pero, conservaron muchas de sus atribuciones originales y son, posiblemente, las estructuras que explican los altos niveles de resiliencia en las sociedades de base comunitaria. Las cofradías entre los caqchikeles de Guatemala, los sistemas de cargos en México, constituyen ejemplos de sistemas de organización política que se han mantenido y forman el núcleo de los tejidos sociales en amplios espacios. Esto es muy importante porque son estas autoridades ancestrales, las que tienen que ver con la gestión del territorio y porque son los depositarios de métodos y técnicas adecuados a las condiciones agroecológicas de cada zona que pueden contribuir a la adaptación al cambio climático.

Perder tierras y bosques significa, para los indígenas, ser desvinculados de una de las bases de su identidad y de su economía. Tanto su reproducción material como la de su sociedad y cultura, están ancladas en un territorio que, durante siglos, a veces milenios, han modelado para vivir en él sin destruirlo y sin poner en riesgo sus propias vidas.

Por eso, entre muchas otras razones, la recuperación de las tierras comunales representa una oportunidad de aplicar sistemas de gobernanza territorial capaces de ordenar el espacio mediando conceptos y prácticas adecuadas para adaptarse a las incidencias del cambio climático, aumentando la resiliencia de la población y reduciendo los riesgos de desastre.

Para los pueblos indígenas, la reconquista de sus tierras comunales es un hito muy relevante en su historia, no solamente porque significa un derecho largamente negado, sino también porque permite construir sistemas de gobernanza política y territorial propios, basados en sus tradiciones, su cultura, sus formas de organización social, su concepto de desarrollo y los retos de la actualidad. Uno de ellos, el más importante, la adaptación al cambio climático.

El trabajo del Observatorio va más allá de los lineamientos generales de adaptación y mitigación del cambio climático. Se dirige a la aplicación en la práctica de los grandes conceptos que, por ejemplo, figuran en las directrices voluntarias de la FAO. De allí su importancia en las regiones más vulnerables y con las poblaciones más afectadas.

El Observatorio ha trabajado diseñando métodos y técnicas de investigación para la elaboración de normativas de gobernanza tradicional indígena sustentadas en las tecnologías autóctonas de transformación del entorno. Esto incluye la gestión social del agua. Se ha terminado una guía para que cada comunidad pueda realizar las investigaciones necesarias. Esta guía constituye una herramienta para el uso de autoridades ancestrales indígenas, organizaciones territoriales y comunidades, entre otros usuarios, para elaborar sus propias normas de gobernanza territorial, de acuerdo con las particularidades de su cultura, su historia, sus medios de vida, sus condiciones ambientales y agroecológicas y la manera en que conciben su futuro. Contiene los principales temas a ser considerados en una normativa de gestión territorial y los métodos y técnicas necesarios para conocer las normas ancestrales, adaptarlas a los retos de la realidad actual y sistematizarlas en un nuevo conjunto de reglas con una perspectiva de derechos y acción climática. También, ya se ha publicado un libro que contiene una experiencia de una comunidad caqchikel de Guatemala que ha elaborado su propio sistema de gobernanza territorial.

El Observatorio ofrece capacitaciones para elaborar normativas de gobernanza territorial indígena que pueden ser utilizadas en cualquier lugar del planeta. También se encuentra en capacidad de ofrecerlas en castellano, francés e inglés.

Complementariamente, el Observatorio contribuye con la recuperación de tierras y bosques para los pueblos indígenas. Actualmente, apoya procesos en Panamá y Guatemala.

En el marco de la acción climática, el Observatorio trabaja en la adaptación de los mecanismos de consulta indígena a las características de cada pueblo. Para ello, ha publicado una guía de consulta y ha ofrecido capacitaciones a organizaciones indígenas y funcionarios gubernamentales en Panamá, El Salvador, Guatemala y Paraguay.

Carlos Camacho Nassar es geógrafo y etnólogo. Trabaja como investigador asociado del Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático. Es tambien miembro de AGTER.