Declaración final del Foro “Tierra, Territorio y Dignidad” Porto Alegre, marzo 6-9 de 2006. ¡Por una Nueva Reforma Agraria basada en la Soberanía Alimentaria!

DECLARACIÓN FINAL

Nosotros/as, representantes de organizaciones de campesinos/as, pueblos indígenas, sin tierra, pescadores/as artesanales, trabajadores/as rurales, migrantes, pastores/as, comunidades de bosques, mujeres rurales, jóvenes rurales, y de defensa de derechos humanos, de desarrollo rural, del medio ambiente, y otros, provenientes del mundo entero, participamos en el Foro “Tierra, Territorio y Dignidad” para defender nuestra tierra, nuestro territorio y nuestra dignidad.

Los Estados y el sistema internacional han sido incapaces de derrotar la pobreza y el hambre en el mundo. Reiteramos nuestro llamado a nuestros gobiernos, a la FAO y su mandato fundador, las demás instituciones de las Naciones Unidas, a otros actores que están presentes en la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) y a nuestras sociedades, a comprometerse decisivamente con una Nueva Reforma Agraria basada en la Soberanía Alimentaria, el Territorio y la dignidad de los Pueblos, que nos garantice a mujeres rurales, campesinas/os, pueblos indígenas, comunidades de pescadores artesanales, pastores/as, trabajadoras/es rurales, comunidades afrodescientes, trabajadores/as desocupados/as, comunidades Dalit y demás comunidades rurales acceso y control efectivo de los recursos naturales y productivos para el ejercicio de nuestros derechos humanos.

Instamos a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), a los Estados y a la FAO para que asuman una voluntad política real que permita derrotar el hambre y la pobreza que sufren millones de hombres y mujeres del mundo. Si esta conferencia no reconoce los planteamientos del Foro Paralelo no podrá considerarse exitosa.

Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria

La nueva reforma agraria debe reconocer la función socio-ambiental de la tierra, el mar y los recursos naturales en el contexto de la soberanía alimentaria. Comprendemos que la soberanía alimentaria implica políticas de redistribución, acceso y control justo y equitativo a los recursos naturales y productivos (crédito, tecnología apropiada, etc.) por parte de campesinas/os, pueblos indígenas, comunidades de pescadores artesanales, pastores/as, trabajadores/as desocupados/as, comunidades Dalit, comunidades afrodescendientes y demás comunidades rurales; políticas de desarrollo rural basadas en estrategias agroecológicas centradas en la agricultura campesina y familiar y de pesca artesanal; políticas de comercio en contra del dumping y a favor de la producción campesina e indígena para mercados locales, nacionales e internacionales; y políticas públicas complementarias como de salud, educación e infraestructura para el campo.

El uso de los recursos naturales debe estar primeramente al servicio de la producción de alimentos. La nueva reforma agraria debe ser prioritaria en la agenda pública. En el contexto de la soberanía alimentaria, la reforma agraria beneficia a la sociedad en su conjunto, dotándola de alimentos sanos, accesibles y culturalmente apropiados, y de justicia social. La reforma agraria pondría fin al éxodo masivo y forzado del campo a la ciudad que ha hecho que las ciudades crezcan en condiciones deshumanizantes e insostenibles; daría una vida con dignidad para todos los miembros de nuestras sociedades; abriría las posibilidades de un desarrollo económico local, regional y nacional que sea incluyente y en beneficio de la mayoría de la población; y terminaría con una agricultura intensiva de monocultivos que acapara agua, que envenena la tierra y los ríos. Es necesario una nueva política de pesca que reconozca el derecho de las comunidades de pescadores y detenga la pesca industrial que agota la vida en el mar. La nueva reforma agraria es válida tanto para los países del sur llamados “en vías de desarrollo” como para los del norte, llamados “desarrollados”.

La soberanía alimentaria se basa en el derecho humano a la alimentación, a la libre determinación, en los derechos indígenas al territorio, y en los derechos de los pueblos a producir alimentos para su subsistencia y para mercados locales y nacionales. La soberanía alimentaria defiende una agricultura con campesinos y campesinas, una pesca con familias pescadoras artesanales, unos bosques con comunidades forestales, unas estepas con familias pastoras nómadas…

Además, la reforma agraria debe garantizar los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social y a la recreación. La reforma agraria debe asegurar la creación de espacios de vida para mantener nuestras culturas, para darle una hogar a nuestras/os niñas/os y jóvenes, para que nuestras comunidades pueden desarrollarse en toda su diversidad y construir una ciudadanía a partir de la relación con la tierra, el mar, los bosques.

El sofisticado conocimiento que los pueblos indígenas, campesinos, pescadores han adquirido a través de siglos de interactuar con la naturaleza proveen soluciones a la actual crisis ecológica y social. Es por eso que estamos convencidos que los sistemas alimentarios indígenas deben tener una alta prioridad en la reforma agraria y que los principios y los conocimientos indígenas deben ser aplicados para el beneficio de las comunidades.

Rol del Estado

El Estado tiene que jugar un papel fuerte en las políticas de reforma agraria y producción de alimentos. El Estado tiene que aplicar políticas de reconocimiento de derechos y democratización del acceso a tierra, a zonas costeras, bosques y otros en casos donde haya concentración de estos recursos en pocas manos. Además, el Estado tiene que garantizar el control de los recursos naturales a las comunidades campesinas, pescadoras, pastoras, forestales y a los pueblos indígenas de modo que ellas puedan seguir viviendo y trabajando en el campo y en los litorales, a través de los derechos colectivos y comunitarios. La reforma agraria debe crear ocupaciones productivas, empleos dignos y fortalecer los derechos laborales de los/as trabajadores/as rurales. Los Estados tienen el derecho y la obligación de definir soberanamente y sin condicionamientos externos sus propias políticas agrarias, agrícolas, pesqueras y alimentarias de manera que ellas garanticen el derecho a la alimentación y los demás derechos económicos, sociales y culturales de toda su población. Los/as pequeños/as productores/as tienen que tener acceso a créditos a bajos intereses y adaptados a condiciones locales, precios y condiciones de comercio justas; y a asistencia técnica para una agricultura ecológica. La investigación, y los sistemas de acopio y distribución en los mercados locales y regionales deben tener fuerte apoyo del Estado y garantizar el bien común.

Reconocimiento de la concepción de Territorio

La concepción del territorio históricamente ha faltado dentro los procesos de reforma agraria. Ninguna reforma agraria es aceptable si solo se piensa en distribución de la tierra. Consideramos que la nueva Reforma Agraria debe incluir las cosmovisiones de territorio de las comunidades campesinas, sin tierra, pueblos indígenas, de trabajadores rurales, de pescadores, pastores nómadas, tribus, afrodescendientes, minorías étnicas y personas desplazadas, que basan su trabajo en la producción de alimentos y que sostienen una relación de respeto y armonía con la Madre Tierra y con los océanos.

Todos los pueblos originarios, pueblos indígenas, minorías étnicas, tribus, pescadores, trabajadores rurales, campesinos, sin tierra, pastores nómadas y personas desplazadas tienen derecho a mantener su propia relación espiritual y material con sus tierras; a poseer, desarrollar, controlar, y reconstituir sus estructuras sociales; a administrar política y socialmente sus tierras y territorios comprendido el medio ambiente total, el aire, las aguas, los ríos, los lagos, los mares, los hielos marinos, la flora, la fauna y otros recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado de otra forma. Ello implica el reconocimiento de sus leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia e instituciones; así como el reconocimiento de las fronteras territoriales y culturales de los pueblos. Todo lo anterior constituye el reconocimiento de la libre-determinación y autonomía de los pueblos.

La expresión de género y juventud en la lucha por la reforma agraria.

Reconocemos el papel fundamental de las mujeres en la agricultura, en la pesca y en el uso y gestión de los recursos. No hay reforma agraria genuina sin equidad de género, por eso exigimos y nos comprometemos a que la nueva reforma agraria asegure a las mujeres plena igualdad de oportunidades y de derechos a la tierra y a los recursos naturales, reconozca su diversidad y repare la discriminación y las desventajas sociales a las que las mujeres han sido sometidas en el campo. Reconocemos también que sin juventud en el campo, no hay futuro para nuestras sociedades. La nueva reforma agraria debe dar prioridad a los derechos de la mujer y garantizar un futuro digno para la juventud rural.

Las mujeres y los jóvenes del campo estamos reclamando condiciones de vida igualitarias y políticas ecológica, económica y culturalmente sostenibles. Debemos ser involucrados en procesos de toma de decisión que atiendan integralmente nuestras necesidades. Por tanto, exigimos que los gobiernos honren sus compromisos y obligaciones asumidas en diversas conferencias internacionales como la Conferencia de Beijing y la Conferencia Mundial contra el Racismo. Particularmente sus compromisos con la igualdad de genero y la diversidad racial contemplados en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Carta Campesina adoptada en la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Exigimos la implementación de una reforma agraria redistributiva que permita a las mujeres y a los jóvenes acceso y jurisdicción sobre la tierra y los recursos naturales, garantizando la representación de las mujeres y los jóvenes en las estructuras de toma de decisión y gestión en todos los niveles, local, nacional e internacional. Resulta imprescindible contar con recursos financieros adecuados para la formación, capacitación y educación en salud sexual y reproductiva para la juventud.

No a la Privatización del Mar y de la Tierra, la Contra-Reforma Agraria, las Políticas Neoliberales del Banco Mundial sobre la Tierra y el Acceso a Recursos, y el Modelo Dominante de Producción y Desarrollo

Junto a la privatización de la tierra y de las zonas costeras avanza la privatización de la biodiversidad del planeta. La vida no es una mercancía. Seguiremos resistiendo con toda nuestra capacidad a las políticas neoliberales implementadas por nuestros gobiernos e impuestas por el Banco Mundial, la OMC y otros actores. Rechazamos este enfoque privatizador de la reforma agraria. Consideramos que es ilegítimo. Son los pueblos y no el Banco Mundial quienes deben decidir las políticas agrícolas, pesqueras y alimentarias. Privatizar significa despojar a las comunidades de sus derechos formales y consuetudinarios sobre sus tierras, territorios, zonas costeras y recursos naturales. Por eso nos oponemos a políticas de administración de tierras, o con fines de privatización; a las políticas de descolectivización, a los mercados de compra-venta y renta de tierras; a la privatización del agua, del mar, de las semillas, los bosques, las áreas de pesca y otros recursos, así como a la privatización de los servicios de extensión y apoyo público a la producción y a la comercialización de la agricultura campesina. Objetamos rotundamente la introducción de semillas transgénicas y la tecnología de semillas suicidas o “terminator” que despojarán a nuestras comunidades rurales del control de las semillas transfiriéndoselo a un par de empresas transnacionales.

La privatización de los recursos naturales y tecnologías ha aumentado las inequidades sociales entre hombres y mujeres, etnias, castas, clases y generaciones. Estas políticas de estado están perpetuando el desplazamiento, persecución y criminalizacion de estos grupos ya marginados.

Así mismo, seguiremos oponiendo resistencia al modelo dominante de producción y desarrollo y sus procesos de globalización neoliberal y recolonización, transformación e inserción en las cadenas de las corporaciones transnacionales de la agricultura, la explotación forestal y la pesca actual (producción por contrato, monocultivos de agroexportación, plantaciones, pesca, explotación de bosques y agricultura industrial, combustibles vegetales, biotecnología y transgénicos, nanotecnología). Inversiones en minería, agro-exportación, megaproyectos, biopirateria, neoliberalismo verde destruyen nuestros territorios, nuestra agricultura y pesca y causan el desplazamiento de poblaciones locales y el desarraigo del campo y los litorales, así como la « reconstrucción » después de desastres naturales y guerras, y las políticas de comercio (OMC, TLC, PAC, APE, Ley Agrícola). Políticas agrarias que financian la exportación agrícola y pesquera a través del dumping deben ser sustituidas por otras que realicen la soberanía alimentaria y que respeten el desarrollo endógeno de los pueblos.

Reconocemos y valoramos iniciativas como el ALBA para la integración regional y el ejercicio de soberanía alimentaria en cuyo contexto la reforma agraria y el desarrollo rural son y deben ser parte integrante.

Criminalización y represión de los movimientos sociales

Repudiamos y condenamos a represión que enfrenta, en casi todos los países del mundo, en las Américas como en Asia, en Europa o en África, cualquier luchador o luchadora por la reforma agraria. Rechazamos así mismo la militarización y la ocupación militar en Irak, Corea del Sur, Palestina y otros países que desplaza a nuestros pueblos y les roba sus tierras y territorios, la « guerra contra el terrorismo » que sirve de pretexto para reprimirnos, y la criminalización de nuestros movimientos. Luchar por nuestra dignidad es una obligación, y es un derecho humano poder hacerlo.

Exigimos que los Estados establezcan mecanismos de protección a la vida y a la seguridad de las personas amenazadas por los procesos de lucha por la tierra, el agua, los mares y los recursos naturales. Deben garantizarse mecanismos legales efectivos que permitan castigar a los culpables de estos crímenes.

Ocupaciones, Recuperaciones y Defensa de Territorios. Movilización social una estrategia de lucha y construcción de propuestas.

Reivindicamos nuestras acciones de ocupaciones, recuperaciones y/o defensa de nuestras tierras, territorios, semillas, bosques, áreas de pesca, vivienda como necesarias y legítimas para la defensa y conquista de nuestros derechos. Nuestra experiencia cotidiana nos muestra que en la lucha por una vida con dignidad para todos/as, acciones de defensa propia como las de ocupación de tierra y de recuperación y de defensa activa de territorios son necesarias para mover a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones e implementar políticas y programas efectivos de reforma agraria. Seguiremos usando estas acciones no violentas por el tiempo que sea necesario para lograr un mundo con justicia social que dé a cada uno y una la posibilidad real de tener una vida digna. Sin la movilización y participación plena de los movimientos sociales, no habrá reforma agraria genuina.

La soberanía alimentaria no sólo es una visión sino también una plataforma común de lucha que nos permite seguir construyendo unidad en la diversidad. Consideramos que el acceso y control de los recursos naturales, la producción de alimentos y el aumento del poder de decisión son los tres ejes principales que nos unifican.

La reforma agraria y la soberanía alimentaria comprometen una lucha mayor por el cambio del modelo neoliberal dominante. Necesitamos construir alianzas con otros sectores de la sociedad, un poder ciudadano que garantice reformas profundas. Nos comprometemos a impulsar acciones comunes, articulaciones, intercambios y todas las formas de presión que están en curso, especialmente a través de las campañas internacionales que nuestros sectores y redes tienen en marcha o están concretando. Estamos convencidos de que sólo el poder de los pueblos organizados y la movilización pueden lograr los cambios necesarios, por esto nuestra tarea principal es informar, concienciar, debatir, organizar, y movilizar con la gente. Convocamos a todos los sectores y fuerzas sociales aquí representados para que sigamos construyendo nuestra unidad, y llevaremos éstas conclusiones para debatir con nuestras bases y para usar estas ideas para las políticas de los organismos internacionales como la FAO, y los gobiernos. Pedimos al Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria (CIP) asumir como trabajo prioritario el seguimiento a estas conclusiones.

Tierra, mar y territorio para vivir, tierra, mar y territorio para soñar, tierra, mar y territorio para afirmar nuestra dignidad ¡ya!