Mujeres rurales y campesinas: la reproducción social ante los desafíos del contexto actual

Introducción

Son amplios y diversos los trabajos académicos en los que se analiza el papel de las mujeres rurales en la agricultura familiar, su aporte a la economía doméstica y a la alimentación mundial. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) en América Latina las mujeres rurales aportan más de la mitad de la producción de alimentos, contribuyen a preservar la biodiversidad y a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la población del continente, no sólo de sus propias familias; a pesar de esto, las mujeres rurales y campesinas “viven en situación de desigualdad social, política y económica con apenas el 30% de titularidad de la tierra, del 10% de los créditos y del 5% de la asistencia técnica” (FAO, 2018). Situación que en Guatemala presenta indicadores mucho más desfavorables, como para considerar que este enorme esfuerzo personal y colectivo de las mujeres rurales esté significando mejores condiciones de vida y goce de derechos de quienes, con su trabajo, garantizan la reproducción de la estructura social y productiva del país.

La política para facilitar el acceso a la tierra para las mujeres rurales y campesinas

En diciembre de 2016 el Consejo Directivo del Fondo de Tierras (Fontierras) aprobó la “Política para facilitar a las mujeres campesinas, mayas, garífunas, xincas y mestizas ¹ el acceso a la propiedad de la tierra y otros activos productivos”, iniciativa que pese a ser necesaria se aprueba tardíamente, cuando el modelo de acceso a la tierra a través del mercado ha entrado en crisis, debido al acaparamiento de tierras provocado por los agronegocios – tales como la industria azucarera y la palma aceitera principalmente –, sin que sea viable que las mujeres campesinas puedan adquirir tierras por este mecanismo institucional.

La información publicada por el Fondo de Tierras (2015) precisa que en ese año se adquirieron dos fincas para un total de 149 “beneficiarios”,² sólo el 19.4% son mujeres; lo que significa que las mujeres campesinas representadas en esas 29 mujeres, accedieron a 196 hectáreas de tierra (un poco más de 4 caballerías), asumiendo una deuda de Q75 mil 29 cada una de ellas. Datos similares se reflejan en los 18 años de gestión del Fondo de Tierras,³ durante los cuales apenas el 11% son mujeres beneficiadas por el Programa de Acceso a la Tierra, como se refleja en el cuadro siguiente.

En julio de 2016 el Consejo Directivo del Fondo de Tierras emitió un punto resolutivo aprobando la “Política de acceso a la tierra vía créditos subsidiados”. Llama la atención que tanto en esta política, como en la de facilitación del acceso a la tierra para las mujeres, no se menciona la copropiedad de la tierra, que fue un logro de las mujeres durante el proceso de formulación de la Ley del Fondo de Tierras, a partir de la experiencia de las mujeres refugiadas en México, cuando retornaron a Guatemala. La copropiedad quedó expresamente reconocida en el Artículo 20, en el que sin ninguna ambigüedad se precisa que “con excepción de los casos en que la familia beneficiaria tenga padre o madre soltero o soltera, los títulos serán emitidos a favor de los cónyuges o convivientes, jefes de la familia beneficiaria” (Congreso de la República, 1999: 11).

Responsabilidad que las autoridades del Fondo de Tierras han ignorado sistemáticamente al no dar cumplimiento a este artículo. Como se evidencia en los títulos emitidos a nombre sólo de los hombres con una ínfima representación de mujeres, en ambos casos, salvo si ellas o ellos fueran solteros, se ha violado el principio de copropiedad establecido en el Artículo 20 de su propia ley constitutiva.

Antes de ser aprobada la nueva política para el acceso a la tierra, ⁴ las escrituras de propiedad se emitían a nombre de la figura jurídica que representaba al grupo u organización solicitante de tierra; ante los conflictos internos surgidos y el impacto que los mismos han tenido en el pago de los créditos otorgados, la política actual prevé la desmembración de las fincas para emitir escrituras de propiedad individuales; lo cual vulnera aún más la situación de las mujeres, si esas escrituras se emiten sólo a nombre de los hombres, porque como ha quedado demostrado en los casos de adjudicación de tierras nacionales, los títulos individuales a nombre de los hombres han sido un mecanismo facilitador de la venta y reconcentración de tierras; ejemplo de esta situación se observa en la Franja Transversal del Norte y el municipio de Sayaxché, Petén.

Ante la imposibilidad de competir con los grandes capitales en la compra de tierras, el Fontierras ha optado por promover un programa especial de crédito para la renta de tierra, que si bien puede tener un efecto inmediato para las mujeres, posibilitando cuatro años de apoyo institucional para rentar tierra y emplearse en la producción mínima de alimentos, resulta ser sólo un paliativo ante la demanda de tierras para el campesinado en condiciones de pobreza y extrema pobreza, que transfiere capital efectivo a terratenientes y propietarios de tierras ociosas sin ninguna gestión ni compromiso de quienes además de recibir dinero en efectivo por el que no pagan impuestos, garantizan el mantenimiento gratuito de sus tierras durante el tiempo que son arrendadas, sin contrato o seguridad para quienes arriendan las tierras.

Los contratos son a la palabra, negociados directamente por los campesinos y pequeños productores con los arrendantes en condiciones generalmente desventajosas, en las que las y los interesados asumen todos los trámites y riesgos. En 2015 por esta vía el Fondo de Tierras otorgó créditos a 59 mil 513 personas (38 mil 629 mujeres, que equivalen al 64.91% de la población total beneficiada), precisando que “la inversión realizada en crédito para arrendamiento de tierras fue de Q 124 millones 977 mil 300.00, que representa el 73% del presupuesto programado para el año 2015” (Fontierras, 2015:19).

Aunque el programa se presenta como una innovación en la que todos ganan, es evidente que unos ganan más que otros y otras, ya que al final las mujeres campesinas reciben una ínfima parte de tales ganancias y toda la carga del trabajo para pagar el crédito, mantener las tierras y producir alimentos para sus familias; lo que a todas luces es un negocio sumamente desventajoso para ellas, que asumen debido a las enormes necesidades que genera la pobreza.

Es de esperar que el Fontierras garantice los mecanismos de seguimiento y control, ya que este programa – al igual que otros programas sociales –, puede ser muy vulnerable ante el clientelismo político y la corrupción, especialmente porque las mujeres rurales y campesinas no están representadas en ningún nivel de la toma de decisiones, ni existen mecanismos de auditoría social que sometan a evaluación dicho programa.

Una política institucional efectiva para el desarrollo y los derechos de las mujeres que no toma en cuenta estos aspectos nodales, aunque implique algunos beneficios inmediatos, difícilmente tendrá un efecto equitativo que a largo plazo garantice que las mujeres y sus familias puedan acceder y vivir bien en sus tierras.

Más allá de lo que aún se pueda hacer por medio del Fontierras, la conflictividad agraria en el país y el agravamiento de las condiciones de vida en el campo en medio de un nuevo ciclo de acaparamiento de la tierra y los recursos naturales, exigen retomar la discusión sobre la agenda agraria que necesita el país, ahora sí, incluyendo efectivamente a las mujeres rurales, indígenas y campesinas.

En Guatemala se incrementa el número de hogares a cargo de mujeres

En el país se ha producido un cambio importante en la distribución territorial de la población, observándose un incremento de la población urbana. Según los datos recogidos por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada en 2014, la población urbana del país alcanza un 49.5%, mientras que el 51.5% sigue siendo población rural; coincidentemente también las mujeres representan el 51.5% del total de la población.

La misma encuesta presenta dos datos que, al cruzarse, llaman la atención respecto del impacto que está teniendo la migración sobre el incremento del número de hogares a cargo exclusivamente de mujeres en cinco departamentos (Guatemala, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Escuintla), en donde ambos fenómenos coinciden, como se observa en el Cuadro 2.

La media nacional de hogares a cargo de mujeres es del 21.56%; mientras que el 2.6% del total de los hogares encuestados tienen familiares migrantes, porcentaje que se incrementa en áreas rurales, alcanzando el 3.6% (ENCOVI, 2014).

Llama la atención que en el departamento de El Progreso del total de hogares encuestados, sólo 7,400 están a cargo de mujeres. Coincidentemente El Progreso es el departamento que, junto con Suchitepéquez, registra menos población migrante fuera del país.

Cabe poner en contraste los datos aportados por la ENCOVI 2014 con datos aportados por la Encuesta sobre migración internacional de personas guatemaltecas y remesas 2016, realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la que se evidencia la tendencia al incremento del número de mujeres que reciben remesas en los cinco departamentos citados, los cuales además, superan en mucho el porcentaje medio nacional de hogares con familiares migrantes. Según dicha encuesta, del total de personas que reciben remesas, el 55.5% habita en zonas rurales, precisando que el 55% de la población total que recibe remesas son mujeres.

Indicadores que llevan a considerar que la mayoría de personas que reciben remesas en el país son mujeres rurales. Al respecto OIM analiza que: En la mayoría de departamentos, la población femenina supera el 52.0%. Sin embargo, este segmento de población sobresale en Totonicapán y Quiché con porcentajes de 60% y 58%, según el orden. Estos dos departamentos cuentan con alta población indígena. Estos comportamientos en la población beneficiaria de remesas son provocados por la emigración internacional de sus familiares, produciendo implicaciones que afectan a otras esferas de la vida social, modificando los roles y las relaciones de género, tanto en los hogares como en actividades domésticas y comunitarias que desempeñan las mujeres. Un resultado evidente en estas comunidades, afectadas por la migración internacional, es la ausencia de mano de obra masculina en los hogares. Esto provoca que las mujeres generen mayor participación social y económica, traduciéndose en tasas de participación económica femenina. Esto también puede derivar en desequilibrio entre sexos y en patrones de tipo matrimonial y reproductivo (OIM, 2017: 20).

Al respecto la encuesta realizada por OIM refleja que el 41.4% de las personas que reciben remesas son mujeres “jefas de hogar” (Gráfica 1), la mayoría de ellas consideradas dentro del rango de edad que corresponde a la población económicamente activa.

Tanto la perspectiva reflejada en el análisis de la OIM como las notas de prensa que en su momento circularon (por ejemplo Méndez, 2015), destacando el incremento de la jefatura femenina en los hogares guatemaltecos, fijan su atención en los nuevos roles que las mujeres juegan cuando asumen esta responsabilidad; es decir, ellas son visibles cuando los hombres faltan. Sin embargo lo que se analiza menos es que ellas se ven obligadas a asumir un doble rol, lo que no sucede con los hombres. En este punto, es necesario visibilizar el papel que juegan las mujeres en la reproducción social, sean o no reconocidas como “jefes de familia” o “cabezas del hogar”.

La reproducción social encargada y recargada fundamentalmente en las mujeres dentro de los hogares, es el conjunto de trabajo de cuidado y doméstico no remunerado que garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo en todas sus dimensiones, tanto físico-biológicas, como culturales y emocionales. Por ello se habla de la doble y triple jornada de trabajo de las mujeres, ⁵ que están enfrentando prácticamente con sus propios recursos y energías estos cambios, sin que en el entorno social e institucional exista el soporte necesario para reorganizar, redistribuir y reducir el trabajo recargado en las mujeres.

Sabemos que la jornada laboral que efectuamos [las mujeres] para el capital no se traduce necesariamente en un cheque, que no empieza y termina en las puertas de una fábrica [o la finca…], y así redescubrimos la naturaleza y la extensión del trabajo doméstico en sí mismo. […] El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos para el trabajo día tras día. Es la crianza y cuidado de nuestros hijos – los futuros trabajadores – cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina, o mina [o finca] se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo.(Federici, 2013: 55).

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2015, constató que las mujeres dedican un promedio de 38.3 horas semanales al trabajo remunerado, mientras que el trabajo no remunerado representa 32.7 horas semanales. La brecha respecto a los hombres es significativa, ya que si bien ellos emplean 48.8 horas a la semana en trabajo remunerado, sólo dedican 9.5 horas semanales al trabajo no remunerado. Ellos trabajan 58.3 horas semanales, mientras que ellas trabajan 71 horas, en el mismo período ellas trabajan más pero les pagan menos horas; esa es la regla.

Es por esta razón que las estadísticas nacionales han incorporado el uso del tiempo y la distribución del trabajo por género, porque ni humana, ni social y ni económicamente es posible que los hogares y la sociedad sigan funcionando como que nada hubiera cambiado en el siglo XXI, al menos las mujeres no debiéramos permitir que esto suceda. Sobre todo porque el adelgazamiento del Estado, la corrupción y la privatización de derechos tales como la educación y la salud, la vivienda y la tierra convertidas en mercancía y el trabajo por salarios de hambre obligan a las mujeres a suplir la ausencia de lo público, que convertido en problema privado de la familia se transforma en pobreza y extrema pobreza, índices que en Guatemala lejos de disminuir se han incrementado en los últimos años, por lo que no sorprende que los hogares bajo la responsabilidad exclusiva de mujeres enfrenten más riesgos de caer en pobreza.

La precariedad de los derechos laborales de las mujeres rurales

Según la ENEI 2017, las mujeres constituyen el 40.6% del total de la población económicamente activa, ubicándose la mayoría de ellas en áreas urbanas (67.7%) y en áreas rurales el 32.2%; 11.2% de ellas trabaja en el sector informal de la economía, en actividades relacionadas con el comercio minorista, así como en manufactura y minas y en menor grado en la agricultura, ganadería y pesca.

La tasa de desempleo rural para mujeres y hombres muestra una brecha importante, ya que en mujeres es del 4%, en tanto que en los hombres es del 1.5%; los salarios también son desiguales, mientras que las mujeres rurales devengan salarios promedio equivalentes a Q1,228, los hombres alcanzan Q1,422 con una brecha salarial de 13.6%; sin embargo, en ambos casos cabe hacer notar que estos salarios están muy por debajo del salario mínimo, que es de Q2,992.37 para actividades agrícolas y no agrícolas en el año 2018 (Ministerio de Trabajo, 2018).

Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el año 2016 se registró un total de 1 millón 300 mil 001 afiliaciones, de las cuales 421 mil 618 corresponden a mujeres afiliadas, cifra que equivale al 32.43% del total de las afiliaciones. No hay datos respecto a la ubicación rural de estas afiliaciones, ya que las mismas se registran por actividad económica, siendo significativa la brecha por sexo en las actividades agrícolas, pesca y ganadería; los afiliados en ese agrupamiento ascienden a 136 mil 161, mientras que se registran 14 mil 589 mujeres afiliadas a la seguridad social en esta misma actividad, quienes representan sólo el 9.67%.

Aunque el empleo femenino debe analizarse con profundidad, estos datos ilustran la precariedad del trabajo asalariado para las mujeres, quienes laboran en condiciones de informalidad, desprotegidas por la seguridad social a la que están afiliadas sólo un porcentaje muy reducido de trabajadoras, lo que significa que tampoco gozan de otras prestaciones de ley, tales como el bono incentivo, el bono 14, vacaciones, aguinaldo e indemnización por despido.

Tampoco hay información consistente respecto del número de trabajadoras que cuentan con contratos de trabajo registrados en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ni este ministerio tiene un enfoque especializado, dirigido a garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras.

Es muy importante, además, avanzar en estudios a detalle sobre la agroindustria, la minería y la manufactura para la exportación, y su impacto en el empleo para las mujeres, tomando en cuenta que en varias regiones del país son estas las fuentes principales de trabajo asalariado, sin que existan registros claros de las condiciones laborales actuales para las mujeres.

El presente artículo no pretende plantear conclusiones y menos aún soluciones, el propósito que anima este esfuerzo es llamar la atención sobre las problemáticas que están afectando la vida y los derechos de las mujeres, particularmente las que viven y trabajan en el ámbito rural del país, en torno a las cuales es necesario afinar una agenda política y de políticas que rebase los limitados programas sociales, con los que se ha pretendido paliar la gravedad de la pobreza que agobia a los hogares rurales y a miles de hogares urbanos resultado de la migración del campo a la ciudad.

Las mujeres rurales y campesinas, más allá de ser productoras de alimentos, son ciudadanas con demostradas capacidades para la formulación de propuestas, que no están siendo escuchadas por la institucionalidad pública, ni suficientemente reconocidas por el conjunto de la sociedad guatemalteca. Por ello resulta muy importante que desde la academia, y particularmente desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, se abra el espacio a estudios a profundidad que generen evidencia y contribuyan a formular propuestas de abordaje a estas problemáticas, que forman parte de la realidad nacional y que afectan a un poco más de la mitad de la población del país.

¹. En el presente artículo no se incorpora la dimensión étnica como una categoría de análisis, debido a que no fue posible disponer de información consistente que sustentara un análisis en esta dimensión; es un vacío que se reconoce y que debe ser abordado en trabajos futuros.

². La ley del Fondo de Tierras define a quienes participan en sus programas como beneficiarios o beneficiarias, en el presente documento se retoma dicha categoría para evitar confusiones respecto a la información oficial.

³ No hay datos publicados referidos a los años 2016 y 2017.

⁴ Sería pertinente someter a un riguroso análisis jurídico las políticas institucionales aprobadas, ya que en algunos aspectos pareciera que pretenden enmendar la ley que da origen a la institución y a sus programas.

⁵ Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2015, sólo el 6% de las mujeres jefas de hogar, no tiene responsabilidades reproductivas. INE, 2016:6)