Gobernanza territorial para la acción climática en un territorio Maya de Guatemala

Gobernanza de las tierras por la comunidad indígena de Chuarrancho

En Guatemala, el caso de la tierra comunitaria de Chuarrancho es paradigmático. Aunque en el país se registran otras tierras comunales, cientos de ellas, en este caso, la comunidad la ha recuperado mediante un fallo judicial. Esto establece un precedente de especial relevancia en relación con la reivindicación de las tierras ancestrales del pueblo maya.

Pero, la recuperación de sus tierras, aunque es la culminación de una larga lucha, no significa más que una etapa en el proceso de control territorial. Durante seis décadas, el territorio comunal de Chuarrancho estuvo bajo el manejo de la municipalidad. Ese largo periodo erosionó las normas de gobernanza tradicionales y fue el escenario de despojos y actos irregulares que ahora afectan la gestión del territorio y dificultan un ordenamiento territorial capaz de enfrentar los retos actuales.

Minas, hidroeléctricas, especulación inmobiliaria, eventos climáticos extremos, sequías e inundaciones, son algunas de las amenazas que penden sobre Chuarrancho y sus habitantes. El municipio, ahora con cerca de 12.000 habitantes, tiene una densidad de alrededor de 100 personas por kilómetro cuadrado. La gran mayoría dedicadas a la agricultura (maíz, frijol, café, entre otros cultivos) que, por ello, en un contexto de cambio climático, son ahora más vulnerables a las fluctuaciones del clima.

Localmente, la pérdida de los sistemas tradicionales de gobernanza territorial que protegían los bosques, las fuentes de agua y las áreas de recarga hídrica, han determinado una mayor escasez de agua para el uso humano y la agricultura, agravándose su situación debido al incremento en la duración de la estación seca. Las normas de gestión social del agua se han casi perdido y con ello, la vulnerabilidad de la población se ha incrementado.

Pérdida de cobertura forestal, falta de control de las microcuencas y uso de sistemas agrícolas inadecuados para el clima, los suelos y la topografía del municipio han también elevado la vulnerabilidad de la población ante las amenazas (inundaciones, deslizamientos, tormentas tropicales, terremotos, etc.).Paralelamente, la deslegitimación de las estrategias tradicionales de manejo de conflictos y su frecuente judicialización, han llevado a un incremento de la conflictividad entre vecinos, producto, como lo anterior, del despojo de la tierra y de la sustitución de las autoridades ancestrales por una entidad colonial ajena a las estructuras social y culturalmente legitimadas por los mayas.

En ese contexto, el Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático inició un apoyo a las autoridades ancestrales de Chuarrancho para un proceso de investigación endógena que les permitiera sistematizar, recuperar y actualizar las normas tradicionales de gobernanza territorial. Esto significó un acompañamiento constante durante dos años que incluyó la elaboración conjunta de instrumentos de investigación, la formación de los y las investigadoras y la revisión crítica de los resultados. Finalmente, se logró editar el libro que se presenta con estas palabras y que contiene las bases para una normativa de gobernanza territorial capaz de enfrentar los retos políticos y climáticos que enfrenta la comunidad de Chuarrancho (accesible en pdf al pie de la página para descarga).

Adaptación y mitigación del cambio climático, prevención y manejo de conflictos, gestión social del agua, derechos de las mujeres a la tierra, son algunos de los temas que contiene este documento. En sociedades y comunidades cuya economía tiene una base agrícola, la práctica de sistemas de producción resilientes, incluyendo la gestión social del agua, constituyen las herramientas centrales para la adaptación al cambio climático. Pero, en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, para asegurar la gestión de la tierra y el agua, es preciso que obtengan seguridad jurídica sobre la tierra con la que podrán aplicar sistemas de gobernanza territorial dirigidos a incrementar su resiliencia ante el cambio climático.

Para el Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático, la lucha por la tierra y la gobernanza territorial indígena son los fundamentos estructurales de la acción climática y el caso de Chuarrancho, incluyendo su experiencia metodológica, constituyen valiosos precedentes para el futuro y para otras comunidades indígenas en el continente y fuera de él. Este trabajo conjunto con la comunidad indígena de Chuarrancho constituyó el insumo fundamental para la elaboración de una Caja de herramientas para sistematizar normativas de gobernanza territorial indígena y elaborar lineamientos de desarrollo auto determinado.

Importancia de la gobernanza territorial indígena para la acción climática

El espacio, el territorio, la tierra, son construcciones sociales que se producen durante largos procesos históricos y reflejan la sociedad que los genera. Sociedades desiguales producen espacios asimétricos y la vida cotidiana de su población se desenvuelve en el contexto de las diferencias. Es así como, al lado de las desigualdades socioeconómicas y las exclusiones, las poblaciones más desfavorecidas deberán habitar en las áreas donde la degradación ambiental es mayor, la exposición a amenazas se incrementa en la medida de su vulnerabilidad.

En la historia del espacio colonizado, el despojo de las tierras indígenas significó que grandes grupos de población fueran reducidos a las tierras menos fértiles sobre las que tampoco tuvieron nunca seguridad jurídica de acuerdo a las normas del estado colonial y postcolonial. También significó que quienes se apropiaron de las tierras indígenas, las deforestaran y dedicaran a cultivos industriales (como el banano y la piña en Costa Rica, la palma africana en Guatemala y Honduras, por ejemplo) poco aptos para las condiciones de los suelos tropicales, les erosionaran e incrementaran el riesgo de desastres.

Al otro lado, los indígenas, confinados en las peñas, se vieron obligados a cambiar sus sistemas de producción adaptados a sus condiciones agroecológicas y a adoptar técnicas de cultivo foráneas que tampoco contribuyeron a mitigar los riesgos. Se convirtieron en las poblaciones más vulnerables y con economías menos resilientes, aunque sus sistemas de organización social, que se conservaron a pesar de ser estigmatizados por los sectores dominantes, les aseguraron sistemas de resiliencia comunitaria que se expresan en complejas redes de reciprocidad y en estructuras de poder y toma de decisiones legitimadas en el marco de sus culturas (las autoridades ancestrales en Guatemala, los Consejos de Monéxico en Nicaragua, los congresos generales en Panamá, los consejos de mayores en Costa Rica, los consejos territoriales en la Moskitia hondureña, los jilakatas y los mallkus en el altiplano boliviano, solo por citar algunos ejemplos).

Perder la tierra significa, para los indígenas, ser desvinculados de una de las bases de su identidad y de su economía. Tanto su reproducción material como la de su sociedad y cultura, están ancladas en un territorio que, durante siglos, a veces milenios, han modelado para vivir en él sin destruirlo y sin poner en riesgo sus propias vidas. Por eso, entre muchas otras razones, recuperar las tierras comunales representa una oportunidad de aplicar sistemas de gobernanza territorial capaces de ordenar el espacio aplicando conceptos y prácticas capaces de adaptarse a las incidencias del cambio climático, aumentando la resiliencia de la población y reduciendo los riesgos de desastre.

Para los pueblos indígenas, la reconquista de sus tierras comunales es un hito muy relevante en su historia, no solamente porque significa la conquista de un derecho largamente negado, sino también porque permite construir sistemas de gobernanza política y territorial propios, basados en sus tradiciones, su cultura, sus formas de organización social, su concepto de desarrollo y los retos de la actualidad. Uno de ellos, la adaptación al cambio climático.

Por eso, el Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático considera que una de las condiciones para enfrentar los efectos del cambio climático es apoyar las luchas por el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Por eso también, el Observatorio entiende que se trata de procesos políticos de gobernanza y del derecho a la autodeterminación y al desarrollo propio. Es en ese contexto que se ha elaborado una “Caja de herramientas para sistematizar normativas de gobernanza territorial indígena y elaborar lineamientos de desarrollo auto determinado”. Con este instrumento de investigación endógena, las organizaciones indígenas podrán consolidar su derecho de autodeterminación y gobernanza propia de sus tierras y sus recursos, incluyendo la gestión social del agua.

Carlos Camacho Nassar es geógrafo y etnólogo. Trabaja como investigador asociado del Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático. Es tambien miembro de AGTER.