La Foresteria comunitaria. Puntos de vista cruzados sobre las experiencias de Camerún y de Guatemala

Introducción

La asociación AGTER trabaja desde 2008 sobre la gobernanza de los bosques y sobre el reconocimiento de los derechos de los habitantes de los territorios forestales. Tras varias misiones de investigación y asesoramiento en Bolivia y Brasil, AGTER ha conducido un proyecto de investigación e intercambio junto a sus asociados de Rights and Resources Initiative en dos países prioritarios para esta coalición en África y en América Latina, Camerún y Guatemala, con el apoyo de la Fundación Ford.

La puesta en relación de experiencias de países distintos y diversas culturas permite un mejor entendimiento de la propia realidad a cada uno de ellos. El enfoque internacional, intercultural y pluridisciplinar ocupa un lugar central en la metodología de AGTER. Desde hace ya tiempo, la asociación lo había experimentado en el ámbito de las políticas de tierras. Con este proyecto se trataba de analizar, en paralelo, la construcción de la gobernanza de los bosques en el marco de dos contextos geográficos y culturales muy diferentes, y de iniciar un diálogo e intercambios entre los actores de los dos países. El objetivo principal era la producción de un conjunto de documentos accesible al mayor número de personas posible.

Los principales asociados implicados en la preparación de los documentos fueron la Asociación de Forestería Comunitaria Ut’z Ché y la Asociación de las Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) en Guatemala, el Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) y la Coopérative Agro-Forestière de la Trinationale (CAFT) en Camerún.

La metodología empleada ha permitido establecer el vínculo entre la cuestión de la tierra y la gestión de los bosques. Se ha basado en el reconocimiento de la coexistencia de diversos marcos normativos semiautónomos y no jerarquizados y no teniendo en cuenta únicamente las leyes estatales. Este enfoque, conocido como “pluralismo jurídico” en contraposición al “centralismo jurídico”, permite entender de qué manera las prácticas de las poblaciones locales en materia de utilización de los recursos naturales se articulan con los procesos de construcción de normas y de reglas de gestión que estas mismas poblaciones implementan. Del mismo modo, un aspecto esencial de este enfoque es que permite introducir el análisis de las relaciones de fuerza existentes entre los diferentes actores y de su evolución en el tiempo. Estas relaciones de fuerza son directamente responsables de la aplicación (o no) de un marco normativo dado entre los distintos marcos existentes.

Este enfoque, basado en la observación y el reconocimiento de las prácticas locales de gestión de los bosques nos ha evitado caer de entrada en el error de una visión absolutista de la propiedad de la tierra y de los recursos naturales presente con frecuencia en las leyes nacionales. Toma en consideración y reinterpreta las percepciones de las poblaciones y de las personas que trabajan sobre el terreno con las organizaciones locales. A la vez, coloca la organización social y su constante evolución en el centro de la reflexión y del análisis.

Para evitar una presentación excesivamente abstracta, hemos procurado que el análisis cruzado fuera llevado a cabo por los propios actores. Para ello hemos organizado un viaje de estudio a Camerún con dos líderes guatemaltecos, Sergio Dionisio de Ut’z Ché y Juan Ramón Girón de ACOFOP. Este viaje de unos diez días de terreno ha permitido un intercambio con los colegas que trabajan en Camerún con las organizaciones implicadas en la forestería comunitaria, la CAFT y el CED.

Este documento se sustenta no solo en los dos dosieres elaborados por AGTER sobre Camerún y Guatemala sino también en los dos artículos escritos por S. Dionisio y J. Girón a partir de este viaje y de las discusiones e intercambios con nuestros interlocutores cameruneses.

¿Qué entendemos por “forestería comunitaria”?

En este documento, utilizaremos la expresión “forestería comunitaria” para referirnos al conjunto de prácticas y de normas propias a una población organizada en “comunidades”, que se encaminan a asegurar la gobernanza del territorio forestal que éstas ocupan y sobre el que ejercen determinados derechos.

Esta definición no se limita a la caracterización de las prácticas empresariales de las comunidades. Engloba de manera amplia toda la gama de actividades individuales, familiares, asociativas, y de empresa (recolección, caza, producción, transformación, etc.). Se refieren a los derechos de distintos derechohabientes, individuales o colectivos. Estos derechos son de distintos tipos: derecho a utilizar los recursos, pero también derechos y prácticas de gestión, definición de reglas y de obligaciones sobre un “territorio” controlado por una comunidad.

Algunos elementos comunes de los contextos forestales

Modos de vida y sistemas de producción en el medio forestal

Las poblaciones que ocupan los espacios forestales son de distintos tipos: llegaron en épocas diferentes, unas pudiendo haber desplazado a otras. Podemos agrupar a estas poblaciones y a estos actores en tres categorías principales:

• poblaciones de cazadores-pescadores-recolectores que a menudo, pero no siempre, corresponden a los pueblos originarios;

• poblaciones de agricultores que practican sistemas de producción fundados en ciclos de rotación largos que alternan periodos de cultivo tras roza y quema y periodos de regeneración forestal de varios años o décadas. En este caso, las zonas de regeneración forestal son parte de las “tierras agrícolas”. Las zonas de intersticio y las reservas forestales que permitirán una posible expansión de la población están, muy a menudo, integradas en el territorio controlado por las comunidades. Cuando el ciclo de rotación característico de esta “agricultura forestal” se reduce como consecuencia del aumento de la población o debido a la destrucción de vastas extensiones forestales en favor de otras producciones, estos sistemas que en un primer momento pueden ser sostenibles, dejan de serlo muy rápidamente;

• poblaciones de agricultores / ganaderos que no practican o han dejado de practicar sistemas de roza y quema y que se encuentran localizadas en espacios en los que se ha practicado una roza definitiva para el cultivo o el establecimiento de pastos. Esta situación puede responder a una evolución endógena del sistema de roza y quema o ser el producto de poblaciones campesinas procedentes de otras regiones que han emigrado hacia un frente pionero es decir hacia la “frontera agrícola”.

Los espacios forestales también están ocupados por otros actores económicos y regulados por instancias específicas:

• Empresas agrícolas que emplean obreros agrícolas que buscan tomar posesión de amplias superficies pueden desempeñar un papel fundamental en el avance de la “frontera agrícola”. Estas dinámicas se han desarrollado ampliamente en el transcurso de las últimas décadas, tanto en Camerún como en Guatemala.

• Del mismo modo, empresas forestales, mineras o turísticas que también emplean obreros, pueden desarrollarse, a menudo mediante concesiones por parte del gobierno. Este es el caso en los dos países que tratamos.

• Las zonas de conservación, parques nacionales, espacios protegidos, responden a una lógica diferente de establecimiento de santuarios que incluyen dispositivos de control generalmente impuestos desde afuera.

Las dinámicas internas de evolución de las sociedades se cruzan por lo tanto y cada vez más con fenómenos exógenos más o menos potentes. Ciertos sistemas de producción y de utilización del medio natural pueden reproducirse de manera idéntica y presentar una cierta estabilidad en determinadas condiciones. Pero el crecimiento demográfico y la rarefacción de los espacios vírgenes por un lado y las presiones exteriores por otro lado, aceleran las evoluciones. Precisamente estas evoluciones, así como los cambios sociales que conllevan, son aquellos elementos que tienen que ser objeto de una especial atención.

No todas las configuraciones permiten la preservación de los recursos naturales y de los bosques. Evidentemente, el término “forestería comunitaria” no se aplica cuando una gran empresa forestal o minera logra controlar el territorio y las comunidades son reducidas a asentamientos de obreros.

Formas muy diversas de organización local para el manejo colectivo de los recursos forestales que persisten, a pesar de los cambios externos

La organización social de los habitantes descansa muy a menudo sobre una relación estrecha entre éstos y el bosque, la cual garantiza la preservación de los recursos forestales imprescindibles a su supervivencia y a su desarrollo. Numerosos productos forestales son destinados en un primer momento al autoconsumo, pero algunos son también comercializados. En determinados momentos, las economías domésticas de las poblaciones de los bosques se han integrado a sistemas mercantiles. Esta integración se ha producido por diferentes vías: la introducción del cultivo de cacao en Camerún se desarrolló en su origen por la presión de los colonos; la extracción de goma de mascar (chicle) a partir de un árbol, el chicozapote (Manikara zapote) y la del xate, una palmera salvaje (Chamaedora sp.), típicas del Petén en Guatemala, cuyas hojas se utilizan en las composiciones florales, fueron en ambos casos impulsadas por las poblaciones mestizas que se instalaron en estas regiones muy poco pobladas. Los sistemas de derechos sobre los recursos y los modos de gobernanza no quedan establecidos de una vez por todas. Evolucionan cuando los modos de producción o de extracción se transforman. De este modo, las formas de organización social relacionadas con la gestión de los recursos forestales se adaptan permanentemente al contexto en el cual se insertan.

No obstante, subrayemos un hecho de gran importancia: ni la colonización, ni la imposición de marcos normativos exógenos han conseguido eliminar definitivamente los sistemas de organización y de gestión local de los recursos. Muy a menudo, los dispositivos legales que reconocen los derechos de las poblaciones forestales y que promocionan los “bosques comunitarios” están lejos de integrar la complejidad y la diversidad de los sistemas de gestión y de las formas de organización locales de los recursos forestales por las comunidades. De allí la importancia de un enfoque teórico fundado en el pluralismo jurídico.

Recientemente, el desarrollo de sistemas de producción fuertemente dependientes de capitales externos y la llegada en las zonas forestales de actores extremadamente poderosos ha cambiado radicalmente la situación en ciertas regiones. Pero el entendimiento y la toma en consideración de los sistemas de gestión local de los recursos siguen siendo esenciales para que los derechos de las poblaciones puedan ser respetados.

Luchas por la apropiación de las rentas naturales y defensa de los territorios comunitarios

Los espacios forestales albergan “riquezas” de naturaleza variada: recursos leñosos y productos forestales no leñosos, minerales, agua, pero también suelos con un uso potencial para la agricultura y la ganadería. Cuando se abren vías de acceso, cuando los medios técnicos se desarrollan, cuando la demanda de ciertos productos aparece, ciertas “cosas” que no presentaban interés o muy poco para las poblaciones locales pueden convertirse en bienes aptos para ser transformados en mercancías. Aparecen entonces nuevas rentas. Los bosques son siempre el escenario de luchas por el control de las rentas derivadas de las riquezas naturales que contienen. Las luchas centradas en la apropiación de las rentas naturales se superponen a aquellas luchas por la defensa de los territorios comunitarios.

La percepción que las comunidades locales tienen con respecto a sus espacios forestales se aleja muy a menudo de la que recogen las leyes sobre los bosques. Los sistemas de derechos específicos que las poblaciones que viven en los bosques han desarrollado sólo conciernen a aquellos productos que éstas están en situación de utilizar. Asegurar la gobernanza sobre el conjunto de recursos en los territorios que ocupan constituye la única manera para estas poblaciones de protegerse de la desposesión de los recursos que aún no están en medida de valorizar. Es por ello que sus reivindicaciones territoriales son tan importantes.

Procesos históricos y marcos legales de gestión de los bosques en Camerún y Guatemala: similitudes y diferencias

Historias paralelas de apropiación de las rentas de los espacios forestales

Tanto Guatemala como Camerún han sido objeto de colonización por los Estados europeos en épocas y durante periodos de duración diferentes: el primero desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XIX por España, el segundo desde finales del siglo XIX hasta 1960-61 primero por Alemania y más tarde por Francia e Inglaterra. Más allá de las diferencias que mencionaremos rápidamente, encontramos en ambos países una herencia común en términos de desposesión de las poblaciones locales de los recursos naturales y de la tierra, y de imposición de un marco legal típico de las colonias, muy diferente de aquellos que prevalecían en los centros de los imperios coloniales.

Guatemala

En Guatemala, todas las tierras pasaron a ser controladas por la Corona de España. Los derechos sobre la tierra de las poblaciones indígenas no fueron reconocidos como tampoco lo fueron sus sistemas de derechos consuetudinarios. Tras la conquista, la población fue literalmente diezmada debido a la sobreexplotación, pero también y sobre todo debido a las enfermedades introducidas por los españoles. Regiones inmensas quedaron prácticamente despobladas durante siglos. Un auténtico régimen de apartheid se instauró en aquellas zonas que seguían habitadas. Las poblaciones indígenas fueron reagrupadas y concentradas en espacios reservados para que los españoles pudiesen hacerles trabajar y pagar impuestos. Estas nuevas “comunidades indias” recibieron del rey de España “títulos de tierras” acordándoles bajo un régimen de tenencia específico las tierras sobre las cuales fueron reinstaladas. Tras la independencia, la introducción del Código Civil y su aplicación en el contexto de la antigua colonia no pusieron en entredicho esta atribución de derechos sobre la tierra desde arriba. El Estado guatemalteco simplemente remplazó al rey de España: se convirtió en “propietario” por defecto de todas las tierras que no habían sido matriculadas a nombre de un tercero. Pero la naturaleza de los derechos sobre la tierra ha cambiado mucho a lo largo de los siglos: se ha pasado de un derecho de tipo feudal aplicado a un territorio y a unas poblaciones, a derechos de propiedad “modernos”, absolutos, que no reconocen más que un propietario, el cual, retomando la terminología asociada a éstos, goza del usus, el fructus y el abusus.

Simultáneamente, la negación de los sistemas jurídicos consuetudinarios se consolida: no se reconocen derechos más allá de aquellos que se sustentan en documentos escritos que se encuentran en conformidad con las leyes del país. No obstante, los sistemas de gestión y de gobernanza consuetudinarios van a mantenerse hasta la actualidad y van a seguir desempeñando un papel fundamental en los territorios habitados por las poblaciones Maya.

Las tierras forestales del país van a conocer evoluciones muy diferentes según la región considerada:

• En el Altiplano y en el sur del país, numerosas comunidades Maya han conseguido conservar un cierto control sobre las tierras que ocupan y que las grandes explotaciones españolas o europeas les han dejado.

• En el norte del país, la región de Petén, ocupada bien antes de la llegada de los españoles por las desaparecidas civilizaciones Maya es reconquistada por los bosques. La región está fuertemente controlada por los militares que obtienen del Estado títulos de propiedad. En su franja más meridional, la región es también objeto de programas de colonización agrícola y de una explotación forestal anárquica.

Camerún

En Camerún, el estatus de la tierra también es herencia de la época colonial. Pero debido a las diferencias en los procesos de colonización por parte de las distintas potencias europeas, cada una con sus sistemas jurídicos propios (civil-law y common law), dicho estatus es menos legible. El Estado no es el “propietario” sino más bien el “guardián” de las tierras del “Área nacional”, de todas las tierras que no han sido previamente matriculadas a nombre de una persona o de una entidad determinada.

Estas tierras están ocupadas según las costumbres locales por las comunidades, a veces desde hace mucho tiempo. No obstante, esta especificidad de la estructura de la tierra camerunesa no significa que los derechos de estas comunidades estén legalmente reconocidos por el Estado. Los bosques que constituyen el medio de vida de las poblaciones de los pueblos autóctonos de cazadores-recolectores (Baka y Bagyéli en particular¹) y de las poblaciones de origen bantú que practican una agricultura forestal, han sido gradualmente puestas a disposición de empresas madereras sin que las poblaciones afectadas hayan sido tomadas en cuenta.

Los bosques empezaron a ser explotados comercialmente a finales del siglo XIX, cuando el país seguía siendo colonia. Con la independencia, la explotación maderera fue en parte nacionalizada y en parte asumida por sociedades comerciales, a menudo europeas. El marco legal camerunés disociaba la gestión de los recursos forestales de aquella relativa a los espacios agrícolas. La explotación maderera se llevaba a cabo sin preocupación alguna en cuanto a su sostenibilidad. El clientelismo y la corrupción asociados al sector condujeron al gobierno a promulgar una nueva ley forestal en 1994, en el marco de las negociaciones con el Banco Mundial y el FMI, que señalan la voluntad de éste de poner orden en la explotación de los recursos para que éstos contribuyan a las exportaciones del país. En la práctica, aunque los derechos sobre la tierra no estén vinculados a la política forestal, el impacto de esta ley sobre el acceso y la tenencia de la tierra de las poblaciones y sobre la apropiación de los recursos comunes en general, va a seguir siendo muy real.

Evoluciones muy diferentes hacia un reconocimiento parcial de los derechos de los pueblos de los bosques

Guatemala

Guatemala ha sido el escenario de un conflicto de más de 30 años cuyas causas profundas eran la exclusión de la mayoría de las poblaciones indígenas y campesinas y la concentración extrema de la tierra. Aunque el marco legal y las condiciones políticas y sociales eran muy poco propicios para al reconocimiento de los derechos de las comunidades, la situación va a evolucionar de manera imprevista tras las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla que ponían fin a la guerra civil en 1996.

En este contexto político específico que implicaba una modificación sustancial de las relaciones de poder, los esfuerzos de la cooperación internacional para la creación de la Reserva de la Biosfera Maya permitieron abrir un espacio inédito para la negociación. Como resultado de sus luchas, las comunidades extractivistas del Petén obtuvieron la atribución de concesiones forestales en la parte norte de la reserva, clasificada como zona de utilizaciones múltiples. Las comunidades convencieron al gobierno del interés de confiarles la mayor parte de esta zona mediante 23 concesiones forestales, mientras que tan sólo dos fueron atribuidas a empresas privadas.

De manera totalmente independiente, las comunidades indígenas de la región del Altiplano guatemalteco han conseguido también consolidar sus posiciones. La ley forestal de 1996 había permitido la puesta en marcha de un programa de subvenciones para el establecimiento de plantaciones forestales, el PINFOR (Programa de Incentivos Forestales). Este programa, concebido para dar apoyo a los grandes propietarios de tierras y a las empresas forestales, excluía toda participación de los pequeños productores comunitarios al exigirles títulos de propiedad sobre la tierra para poder acceder a subvenciones para parcelas de más de 2 hectáreas. Algunas comunidades que habían logrado obtener títulos de propiedad pudieron participar en el programa, pero las grandes empresas seguían siendo las beneficiarias del 90% de los fondos que procedían de los presupuestos del Estado (1% del presupuesto ordinario). Este pequeño grupo de comunidades inició entonces un proceso de intercambio y discusión con otras comunidades que disponían de espacios forestales. Este proceso desembocó en 2006 con la creación de la asociación Ut’z Ché. Ésta agrupa hoy 33 organizaciones comunitarias y constituye un actor ineludible en el ámbito de la gestión forestal, habiendo conseguido obtener del gobierno el establecimiento de mecanismos específicos de apoyo a las comunidades. En 2006 se pone en marcha un nuevo programa destinado a aquellos que disponían de tierras en pequeñas cantidades aunque no dispusiesen necesariamente de un título de propiedad: el PINPEP (Programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal). Implementado inicialmente con fondos de la cooperación holandesa, el PINPEP se convierte tras la promulgación del Decreto No. 51-2010 en un programa nacional financiado por el Estado (entre 0,5 y 1% del presupuesto del Estado). Dicho acontecimiento constituye un hito alcanzado gracias al trabajo de las organizaciones de forestería comunitaria y una victoria política particularmente significativa en un país como Guatemala, dominado desde hace siglos por los grandes propietarios de la tierra.

Camerún

En Camerún, la ley forestal de 1994 se sustenta en una “zonación” de los espacios forestales, seguido de un proceso posterior de “clasificación” que debe estar supuestamente precedido de un debate público y contradictorio. Mediante dicho proceso quedan definidas un “Área Forestal Permanente” y un “Área Forestal no Permanente”². El conjunto de los bosques, sea cual sea su estatus legal, debe responder a una gestión conforme a las reglas establecidas por el Ministerio encargado de los bosques. El Estado otorga “concesiones” o autoriza “ventas de tala” puntuales. Los derechos de uso de las poblaciones locales sobre la mayor parte de los productos no leñosos y procedentes de la caza deben ser respetados, siempre y cuando, por un lado, no se toquen especies protegidas y, por otro lado, que esos usos se hagan para un uso y consumo personal y no para la venta. Sobre el terreno, la situación es bien distinta: la “función” productiva del bosque es la que prevalece por encima de los derechos de uso de las poblaciones autóctonas.

El Área Forestal Permanente está destinada o bien a la producción mediante concesiones a empresas privadas o a municipalidades (“bosques comunales”), o bien a la conservación. Globalmente, la reforma de 1994 ha extendido el acondicionamiento de los bosques a toda la zona sur y sureste del país, la cual había permanecido casi virgen o no había conocido ningún tipo de explotación forestal hasta entonces. Una parte de los bosques permanentes ha sido finalmente clasificada como zona protegida y otra ha sido destinada a la producción. En 2011 las unidades forestales de acondicionamiento (unités forestières d’aménagement, UFA) atribuidas a unas sesenta sociedades representaban aproximadamente 6 millones de hectáreas de un total de 8 millones de hectáreas destinadas a bosques de producción mientras que los 24 “bosques comunales” cubrían poco más de 800’000 hectáreas. Por su parte, las áreas protegidas representaban 7,4 millones de hectáreas.

En el Área Forestal no Permanente, es posible obtener un título de propiedad de la tierra mientras que esto resulta imposible en el caso de las tierras clasificadas como Área Forestal Permanente. Una parte importante de las “tierras nacionales” (Domaine national de l’Etat) que incluye cerca de 14,6 millones de hectáreas, aún no ha sido “clasificada”. En las regiones que fueron anteriormente objeto de explotación forestal muchos de los permisos no han sido renovados. Todavía existe una explotación forestal que, siendo ilegal, supone volúmenes nada despreciables, hasta tal punto que representa la principal fuente de suministro para el mercado nacional de madera. Es en este tipo de tierras donde aparecen la mayor parte de los problemas de no-reconocimiento de los derechos consuetudinarios de las comunidades. Es en éstas también donde las concesiones agro-industriales se multiplican.

Finalmente, es en este tipo de tierras donde se establecen aquello que la ley denomina “Bosques Comunitarios” y que nosotros llamaremos aquí “Concesiones Forestales Comunitarias”. Aplicaremos el término de bosque comunitario a aquellos bosques que de hecho son manejados por las comunidades atendiendo a normas consuetudinarias, a pesar de que esta situación no sea recogida por las leyes nacionales.

Las “Concesiones Forestales Comunitarias” han ido tomando una importancia creciente: un millón de hectáreas estaban en curso de negociación en 2011, mientras que algo menos de 600’000 ya habían sido objeto de un convenio definitivo. Estas concesiones son presentadas como un avance importante de la ley forestal al permitir un manejo legal de los bosques por las comunidades. No obstante, la ley misma limita fuertemente el impacto de este tipo de concesión: las comunidades que quieran constituir un “bosque comunitario” deben constituirse primero en organización formal (Grupo de Iniciativa Común, asociación o cooperativa) y la superficie otorgada no puede rebasar las 5000 hectáreas en el marco de un convenio válido durante 25 años. El no-reconocimiento de las estructuras consuetudinarias existentes y la atribución temporal de superficies muy reducidas en comparación a los territorios reivindicados por las comunidades sobre la base de sus prácticas no constituye en ningún caso un reconocimiento de sus derechos.

La opción escogida por el gobierno camerunés con el apoyo del Banco Mundial ha sido la de reconocer a las grandes empresas de explotación maderera la función de eje del desarrollo de los territorios forestales. El Estado define las reglas y asegura su cumplimiento, tanto a nivel de las áreas protegidas como de los bosques de producción, de manera a garantizar una explotación sostenible de los bosques.

Resumiendo

Debido a su pasado colonial, los marcos normativos de gobernanza de los bosques y de organización territorial han sido, tanto en Guatemala como en Camerún, impuestos desde arriba. Las sociedades de estos dos países son fuertemente desiguales y una minoría de actores, propietarios de tierras y/o de empresas forestales, concentran una buena parte del poder económico y político. Éstos han podido apropiarse buena parte de las tierras y/o de los recursos forestales y consideran que las prácticas basadas en la cultura local son inadecuadas, arcaicas e ineficaces.

Las presiones internacionales para el establecimiento de políticas de conservación de los grandes macizos forestales han jugado un papel importante en ambos países. En el contexto nacional que acabamos de mencionar, la conservación se ha planteado, de entrada, como la exclusión de las poblaciones autóctonas, consideradas como destructoras del medioambiente. Muy a menudo, éstas consideran que los recursos naturales son ilimitados y no tienen plena conciencia de la necesidad de poner en marcha un desarrollo sostenible hasta que los límites de su territorio no hayan sido claramente establecidos.

Sin embargo, estos dos países son muy distintos bajo otros puntos de vista. La larga trayectoria de organización y de resistencia de las sociedades Maya en Guatemala, que han podido conservar su cultura a pesar de los siglos de opresión, debe relacionarse con el desarrollo importante que tuvieron antes de la conquista. Estas sociedades conocieron a partir de entonces una diferenciación social muy marcada. En el lado opuesto, la organización social de las poblaciones de cazadores-recolectores de la cuenca del Congo y la organización de las comunidades Bantúes, basada en la pertenencia al linaje se desarrollaron en muy menor medida. Puede proponerse como hipótesis que estas trayectorias y estas experiencias históricas tan diferentes no han sido ajenas a la capacidad de los pueblos a organizarse hoy para resistir frente a la apropiación de los recursos forestales.

Las características de los periodos históricos durante los cuales se ha producido el reconocimiento parcial de los derechos de las comunidades también han sido muy distintas en Camerún y Guatemala.

• En Guatemala, es justamente tras los acuerdos de paz que se establecieron las concesiones forestales comunitarias de Petén, con la presión de las organizaciones locales. Éstas se han estructurado de manera a tener un peso suficiente en las negociaciones tal y como lo hacían ya las empresas forestales privadas. Aprovechan un momento en el que la relación de fuerzas entre las poblaciones indígenas y extractivistas por un lado, y los militares y la oligarquía por el otro, ha sido profundamente modificada.

• En Camerún, es en el contexto de las negociaciones con el Banco Mundial y el FMI que el nuevo marco legal sobre los bosques ha sido elaborado. Es cierto que prevé la redistribución de una parte de los ingresos procedentes de la explotación forestal para las colectividades locales, pero este esquema no es una respuesta a la lucha por parte de las comunidades de base.

En ambos casos, las ONG internacionales representan una voz de peso en los debates y han intervenido más adelante en el apoyo a las dinámicas desarrolladas. No obstante, las especificidades sociales y políticas de cada país van a suponer evoluciones bien distintas en Camerún y en Guatemala.

Procesos distintos de construcción social y resultados muy diferentes en Camerún y en Guatemala

En Guatemala, los procesos comunitarios se consolidan

Las comunidades forestales de Petén y la estructuración de ACOFOP

La Asociación de las Comunidades Forestales de Petén se creó para ayudar a las comunidades que se encontraban en la zona que el Estado guatemalteco quería transformar en reserva natural, a defender sus derechos de acceso y de uso de los recursos forestales. En 1995, los líderes de varias comunidades crearon un Comité de Comunidades Forestales de Petén con el fin de pedir al Estado el derecho de seguir utilizando los recursos que les habían permitido subsistir durante décadas. Dos años más tarde, este comité informal se transformó en una asociación legalmente reconocida, ACOFOP. En el tenso contexto de post-conflicto, estos líderes consiguieron modificar la idea inicial de Reserva de la Biosfera Maya, convenciendo a las organizaciones internacionales conservacionistas y a los gobiernos que su propuesta de concesiones comunitarias era preferible a las concesiones a industriales privados, tanto desde el punto de vista social como medioambiental. Las concesiones comunitarias son atribuidas por el Estado en tierras nacionales durante un periodo de 25 años, un periodo relativamente corto dado que los ciclos de tala alcanzan a menudo los 40 años, pero que ha sido suficiente para que las organizaciones comunitarias se consoliden³.

Desde el principio, la organización se efectúa simultáneamente a varios niveles, 1/ a nivel de la comunidad con la constitución de organizaciones de distintos tipos (asociaciones, sociedades civiles, cooperativas) en función de las preferencias de los miembros de cada comunidad⁴, 2/ a nivel inter-comunitario, para la coordinación de las acciones y de las reivindicaciones políticas, y más tarde para garantizar las funciones de producción, certificación, transformación de los productos, y 3/ con otros actores externos, nacionales e internacionales, para poder influir en los centros del poder y ejercer la incidencia necesaria para asegurarse del éxito del proyecto. Estos 3 niveles han desempeñado un papel fundamental en el éxito de la ACOFOP.

Las comunidades forestales han decidido modificar sus prácticas de uso del bosque. Si bien vivían anteriormente únicamente de la extracción de productos no leñosos, han empezado a explotar también la madera sin abandonar sus actividades tradicionales. Esta evolución no ha sido siempre fácil. La dinámica colectiva construida con ACOFOP ha jugado un papel decisivo, la última palabra siendo siempre de cada asociación. Han aprendido poco a poco, por ellas mismas a efectuar el conjunto del proceso, desde la tala, la extracción, la transformación, comenzando por la venta de árboles en pie e invirtiendo progresivamente en la formación de personas y en la compra del material necesario. El apoyo aportado por la cooperación internacional ha facilitado esta evolución progresiva. Con ello, las comunidades han consolidado ampliamente su situación económica. Entendiendo esto rápidamente, todas las comunidades han decidido no contentarse únicamente con la recolección de productos no maderables y trabajar también con la madera. Actualmente, ACOFOP agrupa 22 organizaciones comunitarias y algunos miembros individuales. Los cerca de 2000 asociados trabajan sobre aproximadamente 400’000 hectáreas, una actividad de la que se benefician unas 14’000 personas de la zona. En la mayor parte de las comunidades, esta gestión colectiva funciona bien⁵. Las imágenes satélites muestran que el bosque está muy bien conservado en las zonas cubiertas por las concesiones, mientras que las zonas de protección integral que se encuentran más al oeste están fuertemente degradadas y son víctimas de la colonización por parte de agricultores y ganaderos extensivos⁶.

El proceso de organización de Ut’z Ché

En las tierras altas, las zonas boscosas siempre tienen una gran importancia en los modos de vida de las poblaciones locales; 30% de las superficies forestales siguen considerándose tierras comunales de los miembros de las comunidades indígenas o campesinas que habitan estos territorios y son gestionadas como tal. Incluso bien antes de la llegada de los españoles, se establecieron sistemas normativos complejos que definían los derechos y las obligaciones de los miembros de cada grupo social. Las tierras de los linajes prehispánicos siguen constituyendo hoy la base de los territorios indígenas, aunque hayan sufrido importantes modificaciones durante el periodo colonial. Los modos de vida de estas poblaciones combinan la economía de subsistencia y las actividades comerciales. La agricultura se practica en pequeñas superficies (minifundios). Los sistemas comunales de gestión de la tierra se han mantenido. Los bosques ofrecen numerosos recursos imprescindibles para las familias: madera de construcción y de leña, fertilizantes para los cultivos, espacios para el pastoreo, alimentos, fibras y agua. También tienen una importancia simbólica y cultural al albergar lugares de culto. Debido a su importancia en los sistemas de vida tradicionales de las poblaciones de estas regiones, estos bosques siguen estando hoy en un estado de conservación muy bueno; la persistencia de los sistemas comunitarios de gestión de estos espacios garantiza su preservación, satisfaciendo de este modo el interés colectivo.

La historia de la creación de la asociación de forestería comunitaria Ut’z Ché se inscribe en estos territorios densamente poblados. En consecuencia, es totalmente diferente de la de las concesiones comunitarias de las tierras bajas⁷. Se constituye a partir de 2006 con organizaciones a veces muy antiguas, comunidades indígenas Maya, pero también organizaciones campesinas no indígenas. Su reagrupamiento progresivo para poder beneficiarse de un programa de subvenciones estatales que no les era destinado en un primer momento, va a permitirles la estructuración de una organización de segundo nivel que hoy agrupa 34 organizaciones diferentes. Los miembros de la asociación trabajan bajo formas jurídicas muy diversificadas. Como en el caso de ACOFOP, nos encontramos ante una organización a varios niveles cuyos objetivos son la modificación de las políticas públicas en favor de la forestería comunitaria y la obtención de apoyos financieros y técnicos para las comunidades.

La puesta en marcha de instancias de coordinaciones nacionales y regionales

Estas dos asociaciones, ACOFOP et Ut’z Ché, junto con algunas otras han constituido la Alianza Nacional de las Organizaciones Forestales de Guatemala. Son miembros también de organizaciones centroamericanas e internacionales, y trabajan con toda una red de asociados que incluye organismos de cooperación internacional e instituciones universitarias.

Estos niveles de coordinación nacional e internacional han desempeñado un papel clave en el reconocimiento de las organizaciones por los diferentes sectores de la sociedad, en el plano social, pero también en los planos cultural y económico. Han contribuido ampliamente a hacer posible el refuerzo de sus acciones a nivel local.

En Camerún, resultados moderados en el ámbito de la forestería comunitaria

La voluntad expuesta por el gobierno con la ley forestal era la de implicar a las poblaciones locales y autóctonas en la gestión de los recursos forestales y la de permitirles sacar partido de las riquezas obtenidas de su explotación. Sin embargo, los dispositivos implementados no han permitido alcanzar dichos resultados. La renta forestal ha seguido siendo acaparada por una minoría de actores. Si bien la forestería comunitaria ha sido introducida en los textos, los derechos de las comunidades no han sido reconocidos de hecho. En algunas regiones, experiencias significativas han sido llevadas a cabo, intentando construir procesos viables, pero globalmente, a escala nacional, no ha habido ninguna modificación substancial de las relaciones de fuerza. Camerún se enfrenta hoy al desarrollo acelerado de actividades agrícolas y mineras a gran escala sobre las tierras forestales de numerosas comunidades.

Acaparamiento de la renta forestal por una minoría de actores y perversión del concepto de forestería comunitaria

Los procedimientos complejos y costosos para elaborar una solicitud y el elevado grado de tecnicismo de las operaciones de acondicionamiento previstas por el marco normativo para la obtención y la gestión de una concesión forestal comunitaria, no estaban al alcance de las comunidades locales y autóctonas. Éstas no disponían de las competencias internas en materia de gestión y ningún proceso de refuerzo de las capacidades fue puesto en marcha a escala local. Las comunidades han tenido que acudir casi siempre a empresarios exteriores para la explotación forestal.

De hecho, el dispositivo ha sido acaparado por ciertas personas de las comunidades, “élites” locales familiarizadas con los procedimientos administrativos y capaces en tareas de gestión que mantenían estrechas relaciones con la administración central. En muchos casos, las “Concesiones Forestales Comunitarias” han servido a intereses individuales y no a los beneficiarios esperados. De esta manera, la renta forestal ha sido ampliamente acaparada por algunos. Estas evoluciones, en vez de reforzar los distintos niveles de organización han hecho emerger nuevos conflictos en el seno de las comunidades. Allí donde la explotación de los recursos forestales ha sido iniciada, muchas veces a través de empresas sub-contratadas, las organizaciones tradicionales encargadas de la gestión de los recursos forestales se han visto debilitadas progresivamente. Los conflictos se centran en las opciones relativas a la gobernanza de los recursos forestales y en la gestión de los ingresos obtenidos de la comercialización de los productos forestales. Además, en numerosos casos, las condiciones de trabajo impuestas por las empresas sub-contratadas han sido muy degradantes, comprometiendo la salud de los trabajadores. En estas condiciones, no era posible construir un proyecto con oportunidades duraderas de empleo para los jóvenes. Muy a menudo, la degradación medioambiental que ha resultado de la explotación maderera ha sido fuerte, un pillaje de los recursos forestales y el incumplimiento de las reglas de explotación fijadas por los planes simples de gestión. A pesar de que los ciclos de explotación tienen una duración de unos 25 años, a menudo, los territorios de las “Concesiones Forestales Comunitarias” han sido vaciados de las maderas de mayor valor comercial en el transcurso de los primeros 5 años de explotación. La insuficiencia de los controles y una corrupción muy presente han contribuido ampliamente al desarrollo de estos fenómenos.

Estas numerosas dificultades deberían haber desincentivado a las comunidades en el desarrollo de nuevas experiencias de “Concesiones Forestales Comunitarias”. No obstante, su reconocimiento representaba a menudo, la única oportunidad viable de obtener unos derechos mínimos, reconocidos por el Estado, sobre las tierras que ocupaban. En la práctica, han seguido manejando sus tierras como antes, pero la introducción de las comunidades forestales comunitarias ha perturbado a menudo los modos de gobernanza consuetudinarios. En vez de adaptarse progresivamente y de permitir que los nuevos ingresos consoliden los derechos de los miembros de las comunidades sobre los recursos, la apropiación privada de las riquezas por parte de algunos individuos ha favorecido la desestructuración de las comunidades y ha provocado una pérdida de credibilidad en la propuesta de modernización de la gestión comunitaria del bosque.

Globalmente, a pesar del número creciente de Concesiones Forestales Comunitarias, parece evidente que los derechos de gestión de los recursos forestales de las comunidades son cada vez menos reconocidos. Las grandes empresas forestales, agrícolas y mineras, aun sin haber formalizado el estatus de la tierra a su favor, se han apropiado de más y más tierras hasta aquí gestionadas por las comunidades..

La experiencia de la Cooperativa Agroforestal de la Trinacíonal, CAFT

La experiencia de la CAFT está localizada en el este de Camerún (en el distrito de Ngoyla), una región todavía hoy muy enclavada. La cooperativa agrupa nueve organizaciones comunitarias de base, que han obtenido la gestión de pequeñas concesiones forestales comunitarias durante un periodo de 25 años. La CAFT fue creada en 2004 tras un largo proceso de lucha y organización de las poblaciones locales contra un proyecto de explotación maderera por parte de una empresa libanesa, y con el objetivo de promover el desarrollo local y el reconocimiento de los derechos de gestión sobre los recursos forestales por parte de las poblaciones Baka y Bantú.

En esta región, el Estado había delimitado superficies destinadas a la futura implantación de “unidades forestales de explotación” (Unités Forestières d’Aménagement, UFA), aptas para ser cedidas en concesión a empresas, aunque no había empezado a atribuir dichas concesiones hasta el año pasado. Las concesiones forestales comunitarias han sido atribuidas fuera del marco de estas potenciales UFA en aquellas zonas cercanas a las pistas donde están instaladas las comunidades. Si bien es cierto que éstas han permitido la protección de una parte de los territorios de las comunidades forestales de Ngoyla frente a la apropiación de los recursos forestales comunes por actores externos, las superficies concernidas han sido limitadas, una buena parte de los territorios de reserva de las comunidades encontrándose dentro de las áreas destinadas a las UFA.

La CAFT ha desarrollado entonces un proyecto de creación de pequeñas empresas forestales comunitarias para la valorización de los recursos leñosos y no leñosos, de los productos agrícolas y de las actividades de ecoturismo como herramienta para el desarrollo comunitario. Con el objetivo de inscribirse dentro de un modelo de gestión sostenible de los recursos forestales, la CAFT ha decidido más adelante desvincularse de la explotación maderera, una actividad que habría implicado una fuerte dependencia de las empresas de explotación sub-contratadas; una experiencia con éstas a pequeña escala había provocado graves disfunciones.

Por lo tanto, la experiencia de la CAFT se distingue de la mayoría de concesiones forestales comunitarias de Camerún para las que la explotación maderera constituye la actividad económica principal. Actualmente, los dirigentes de la cooperativa consideran que la opción de no explotar los recursos leñosos de los bosques comunitarios podría representar una capitalización que permitiría negociar créditos carbono en el marco de los proyectos REDD o PSA⁸. Si la historia de la organización y los proyectos de la CAFT presentan un interés bien real, no se puede ignorar que diez años después de su creación, la situación de la cooperativa es de fragilidad. Las dificultades siguen siendo numerosas y por el momento, ninguna actividad de comercialización de los recursos forestales ha sido desarrollada por las comunidades pertenecientes a la CAFT. Todavía hoy, el enclave de la zona, las dificultades y el tiempo necesario para poner a punto un proceso de transformación y de comercialización de productos forestales no leñosos y la falta de experiencia de los habitantes en estos ámbitos, permiten comprender las razones de ello. Curiosamente, el cacao, principal producto comercializado por estas comunidades no ha sido considerado por la cooperativa como prioridad para el desarrollo económico de las comunidades⁹. El nivel de vida de las poblaciones sigue siendo muy bajo.

Mientras que la región espera la construcción de nuevas vías de comunicación en los próximos años, con el anuncio de un desarrollo de explotaciones mineras y forestales a gran escala previsto en el marco de los planes de desarrollo establecidos por el Estado, la relación de fuerzas presentes hace temer que pueda producirse un proceso de desposesión a gran escala de las comunidades bantú y baka de la región.

Ausencia de cambios significativos de las relaciones de fuerza a escala nacional

Las opciones de política forestal operadas en Camerún, que privilegian a las grandes empresas forestales industriales y la reglamentación por el Estado, no parecen ser aquellas más apropiadas para generar una gestión sostenible de los recursos forestales a largo plazo. ¿Qué será de estos bosques cuando los árboles varias veces centenarios que hoy son talados hayan desaparecido? La rentabilidad de la extracción forestal disminuirá fuertemente y los empresarios se retirarán al encontrar mejores oportunidades de ganancia en otros lugares. El bosque, empobrecido, desprovisto de sus esencias más valiosas, será entonces accesible gracias a las vías abiertas para la explotación y el dispositivo de vigilancia ya no será operativo. Las poblaciones locales, acantonadas en los espacios de uso agroforestal de los intersticios existentes entre las UFA, habrán perdido su fuente de trabajo y no habrán aprendido de ninguna manera a gestionar el patrimonio forestal común que el Estado ha concedido a las grandes empresas.

En tales situaciones, la respuesta es, muy a menudo, un cambio en el uso de la tierra hacia actividades agrícolas por parte de aquellos actores que disponen de medios para hacerlo rápidamente y a gran escala. En efecto, lo que está en juego es de gran importancia, dado que estas zonas ofrecen oportunidades de reconversión hacia una agricultura de plantación, palma aceitera, caña de azúcar o producciones anuales mecanizadas, que puede aprovechar durante unos años la fertilidad de los suelos forestales. Parece pues muy poco probable, en estas condiciones, que la retirada de las compañías forestales pueda permitir el desarrollo de una forestería comunitaria.

En las zonas clasificadas o potencialmente clasificables como Área Forestal no Permanente, la inseguridad jurídica sobre la tierra y las dificultades para construir una capacidad de gobernanza duradera de los recursos comunes por parte de las comunidades, hacen suponer que asistiremos pues a una intensificación de las instalaciones de plantaciones agro-industriales, aquellas que corresponden al modelo agrícola que el gobierno camerunés parece querer privilegiar actualmente. No sería más que la réplica, en el ámbito agrícola, de la opción que ha sido promovida en la gestión de los bosques y la continuación de una larga tradición que hunde sus raíces en la época colonial y se ha perpetuado con las grandes plantaciones y unidades de producción agrícola del Estado tras la independencia. Estas evoluciones ya se están produciendo ampliamente con el desarrollo de las plantaciones de palma aceitera, caña de azúcar, hevea, etc. Numerosas zonas cubiertas de bosques también van a sufrir las consecuencias negativas del desarrollo del sector minero que se acompañará de la construcción de líneas de ferrocarril y de oleoductos y de los perjuicios medioambientales que están asociados generalmente a éstos.

Los dispositivos de las concesiones forestales comunitarias parecen incapaces de alimentar la construcción de un movimiento de resistencia de las poblaciones locales y de defensa de sus territorios tradicionales. A diferencia de lo que hemos observado en Guatemala, tan solo algunas ONG pelean por la defensa de los derechos de las comunidades, pero no se vislumbra una dinámica de organización a nivel regional y nacional. La experiencia de la CAFT es, a este respecto, una excepción, pero sigue siendo demasiado débil para poder responder a los desafíos actuales.

¿Qué lecciones pueden extraerse de estas experiencias?

Los esquemas latinoamericanos de forestería comunitaria son a menudo presentados como modelos aplicables en otras partes del mundo. El análisis comparado de algunas situaciones en Guatemala y Camerún muestra de manera clara que no es tan sencillo. No existe un modelo de forestería comunitaria que sería válido en cualquier lugar. En Guatemala mismamente, hemos visto que las formas de organización que se habían desarrollado en las tierras altas, donde las comunidades mayas densamente pobladas se han mantenido desde hace siglos, son muy diferentes de aquellas que han surgido en las tierras bajas del Petén, donde la densidad de población es reducida y donde las comunidades, compuestas de migrantes de distintos grupos étnicos, son de creación mucho más reciente.

Pero la imposibilidad de establecer modelos transferibles, tal cual, de un lugar a otro, no significa que no haya nada que aprender de los otros. Más bien al contrario, y de allí el interés de la lectura cruzada que hemos aplicado a Guatemala y a Camerún.

Tomar en consideración las formas de organización pre existentes

Limitarse a un análisis de los marcos jurídicos formales poniendo a la vez por delante el carácter más o menos favorable de éstos al reconocimiento de los derechos de las poblaciones resulta insuficiente para poder imaginar aquello que sería posible construir para mejorar la gestión de los recursos de un territorio. Tener en cuenta las formas de organización y de gestión de los recursos forestales preexistentes que las comunidades locales han desarrollado es imprescindible.

Volvamos a la situación de Guatemala y de Camerún para ilustrar esta afirmación.

• La Constitución de Guatemala afirma, mucho más que la mayoría de Constituciones de otros países de América Latina, la naturaleza absoluta de la propiedad. Por otra parte, el Código Civil de este país no permite ya la prescripción extraordinaria, es decir el reconocimiento legal de los derechos adquiridos a lo largo del tiempo y socialmente reconocidos. Se podría deducir de ello que este contexto jurídico debería ser muy desfavorable al desarrollo de la forestería comunitaria y al reconocimiento de los derechos de las comunidades.

• En Camerún, el papel del Estado como “guardián” sobre las tierras que no han sido todavía matriculadas, parece, a primera vista, mucho más favorable al reconocimiento de los derechos de las poblaciones sobre sus territorios tradicionales.

Sin embargo, hemos podido constatar que las evoluciones han sido contrarias a lo que habría podido dejar presagiar este examen rápido de los marcos jurídicos nacionales. Por supuesto, las leyes de las que se dota un país tienen una influencia, pero otros elementos van a tener una influencia sobre las transformaciones que acontecen.

La imposición de un marco de regulación del espacio y de los territorios que no tenga en cuenta las formas preexistentes de organización y de gestión de los recursos conduce a privilegiar únicamente a dos tipos de derechohabientes, el Estado y los individuos. Quedan excluidas desde el primer momento las diversas formas colectivas de organización social que permiten una gestión territorial en los niveles intermedios. Las consecuencias son importantes: los bosques comunitarios se convierten en objeto de creciente competencia entre individuos, entre familias extendidas de un mismo pueblo, entre pueblos. Pero, ante todo, actores económicos y políticos ajenos son los que pueden aprovecharse de esta situación para apropiarse de las riquezas contenidas en estos espacios.

Recordaremos que reformar el marco legal puede no ser suficiente en sí. Deberá poderse construir los nuevos marcos normativos y las condiciones necesarias para que las normas puedan ser efectivamente respetadas sobre la base de un trabajo conjunto e interactivo entre las comunidades y el Estado. Este proceso no podrá culminar de una sola vez con resultados óptimos, requerirá idas y vueltas, y puestas a punto que necesitarán tiempo. Este trabajo no se podrá realizar si las comunidades no tienen la capacidad de llevar una reflexión sobre sus prácticas de gobernanza de los recursos y de concebir un cierto número de evoluciones deseables.

Establecer mecanismos de aprendizaje para reforzar las capacidades de gestión de los recursos forestales por las comunidades

En estas condiciones, la construcción de nuevas capacidades y el refuerzo de ciertos actores con respecto a otros son totalmente esenciales. Son al menos tan importantes, o incluso más, que la pertinencia del marco legal formal. Pero los mecanismos de aprendizaje son largos, y las transformaciones en materia de estructuración social todavía más. Se trata de procesos, de dinámicas, que se construyen mediante la práctica. En función de la situación de partida, ciertas evoluciones serán relativamente fáciles o mucho más difíciles. No será posible trabajar de la misma manera en todos los casos, ni aplicar una sola receta que pudiese convenir al mismo tiempo tanto a sociedades fuertemente estructuradas y a sociedades muy poco diferenciadas.

El aprendizaje a nivel de una sociedad en su conjunto implica que los ciudadanos, los miembros de la comunidad, puedan decidir sus estrategias y el uso que desean hacer de sus recursos comunes. Les será necesario adaptar su gestión del territorio a cambios cada vez más rápidos. Y esta gestión no puede reducirse a maximizar la extracción de una renta natural. Para las comunidades, se trata de poder garantizar de manera duradera, sus propios medios de subsistencia, el agua, los recursos económicos, etc. De hecho, los cambios que se operan a nivel de las vías de comunicación y de las tecnologías, convierten en accesibles ciertos recursos que antes no podían ser explotados. Las modalidades de gobernanza que habían sido históricamente operativas se hacen entonces inoperantes y los conocimientos que estaban asociados a ellas pierden su pertinencia. Una buena ilustración de esta situación nos viene de las poblaciones Baka para las cuales la madera de los grandes árboles no representaba un recurso que se pudiera valorizar. Los conocimientos extraordinariamente precisos que las poblaciones de cazadores-recolectores de los bosques ecuatoriales han desarrollado no pueden ser directamente útiles para la puesta en marcha de una explotación forestal sostenible, aunque puedan ser de un gran interés para muchos otros aspectos de un desarrollo sostenible del territorio. No obstante, la madera constituye el recurso que las empresas forestales buscan principalmente y éstas disponen de los medios técnicos y de los conocimientos mínimos para poder sacar partido de ella. En estas condiciones, se concibe sin dificultad que ciertas formas de apropiación de los recursos que no se pueden valorizar, puedan desarrollarse sin suscitar una reacción inmediata por parte de las poblaciones expoliadas.

Por otro lado, el aprendizaje implica tener un “derecho al error”. Por lo tanto, una de las reglas esenciales debería ser no emprender aventuras que corren el riesgo de hacer perder todo a los actores. Es algo evidente, pero lejos de ser tomado siempre en cuenta.

Estas reglas se aplicarán de mejor manera cuando sean establecidas por las propias comunidades. Dispositivos que impliquen un control cruzado entre las comunidades permiten hacer posible este aprendizaje. La articulación de los niveles de organización en la experiencia de ACOFP ilustra bien este punto fundamental. Desde el principio, las comunidades han luchado juntas para obtener un acceso a las concesiones. Después, han gestionado conjuntamente un cierto número de parámetros comunes, lo que ha permitido evitar un gran número de derivas a nivel de las asociaciones o estructuras locales. Por ejemplo, la certificación FSC se gestiona a nivel del conjunto de comunidades miembros de la ACOFOP. Esto permite ahorrar, pero obliga a todas las comunidades a guardar un ojo sobre las prácticas de cada una de ellas. Si una comunidad pierde su acreditación, el conjunto de organizaciones miembros de ACOFOP corre el riesgo de perder el sello. Esta situación ya se ha producido en el caso de una comunidad muy afectada por los narcotraficantes. El conjunto de los miembros de ACOFOP ha tenido que excluir a esta comunidad de la Asociación. Estos dispositivos están generalmente ausentes de las prácticas dominantes alrededor de las concesiones forestales comunitarias en Camerún.

Por otra parte, no se puede construir fácilmente un proceso de aprendizaje de nuevas formas colectivas de gobernanza, si las cuestiones sobre las que se aplican conllevan oportunidades de enriquecimiento considerables para ciertos individuos. No surprende que el dispositivo de concesiones forestales comunitarias en Camerún se haya convertido en una herramienta privilegiada para el pillaje de los recursos comunes por parte de algunos hombres fuertes (las “elites”) de las comunidades. Para construir nuevas capacidades de gobernanza a nivel de una comunidad, hubiese sido preferible trabajar sobre la gestión de un fondo mucho más reducido que no habría atraído la codicia de los poderosos y cuya pérdida no habría conllevado la ruina del conjunto del proyecto.

Se percibe que es necesario, para poder cambiar las relaciones de fuerza, intervenir a la vez en lo económico, lo social y lo político.

• La CAFT en Camerún ha llevado un trabajo político y social eficaz y ha conseguido la creación de sus propios bosques comunitarios. Pero no ha podido encontrar la manera de consolidar su situación económica, no habiendo conseguido aprovecharse de la explotación de la madera ni encontrar una fuente de ingresos alternativa. Su situación es hoy de cierta fragilidad.

• En el lado opuesto, las concesiones forestales comunitarias del Petén han conseguido, en su mayoría combinar el éxito económico y la consolidación social y política, a mejorar el nivel de vida de los miembros a la vez que garantizaba la conservación de los bosques. El dominio de la explotación forestal ha desempeñado un papel decisivo, permitiendo a las comunidades elevar sus niveles de vida y aumentar su credibilidad con respecto a otros actores. No es coincidencia que el líder del Petén que ha participado en el viaje de estudio a Camerún insistiera sobre la necesidad de no limitarse a lo que se ha hecho siempre. Es esto también lo que han comenzado a hacer las asociaciones del altiplano guatemalteco, de una manera muy distinta, obteniendo la puesta en marcha de un programa de subvenciones públicas susceptible de ayudarles a gestionar mejor sus recursos forestales.

Por lo tanto, puede verse que no existe un modelo universal que sea superior a los demás, y que conviene, en cada situación, encontrar la combinación más pertinente. Los mecanismos de aprendizaje deben permitir a las comunidades apropiarse de los procesos de cambio y encontrar esta combinación sui generis.

Reforzar la organización social y las luchas a todos los niveles. La gobernanza por las comunidades no se decreta, se conquista y se construye

En una dinámica histórica de acaparamiento de los recursos naturales que se refuerza y se generaliza actualmente, la desposesión y la exclusión constituyen amenazas permanentes para las comunidades locales. Pero no se trata solamente de defender los derechos de las comunidades. ¡No es únicamente una cuestión moral, de derechos humanos! Es el porvenir de la humanidad lo que está en juego, particularmente cuando se trata de conservar los grandes macizos forestales tropicales y ecuatoriales.

Conviene pues entablar alianzas a una escala más amplia que el nivel local (de lo local a lo global) y con otros actores salidos de sectores sociales diferentes (campesinos - indígenas, rurales - urbanos, …) que impliquen a la sociedad en su conjunto, frente al hecho de que las consecuencias de la pérdida de los recursos naturales nos atañen a todos.

A menudo, es posible crear sinergias entre procesos diferenciados en regiones distintas, susceptibles de permitir una evolución de las relaciones de poder a la escala del país a favor de las comunidades. Esto es lo que nos enseña la experiencia guatemalteca. Esto no ha sido posible aún en Camerún.

Otra lección de las experiencias que acabamos de examinar es la importancia que reviste el reconocimiento internacional de las acciones para poder contribuir a modificar las relaciones a nivel nacional. A los miembros de la ACOFOP les gusta contar que fue en Johannesburgo, en la Cumbre de la Tierra de 2002, que se dieron a conocer ante su propio presidente, en el momento en el que recibían un premio internacional por sus acciones. El hecho de que ese primer contacto haya tenido lugar en otro continente no es, por supuesto, resultado del azar. Las relaciones sociales en Guatemala no permitían fácilmente un diálogo tal. Los dirigentes de ACOFOP han velado cuidadosamente por el mantenimiento de estos contactos de alto nivel para poder reforzar sus prácticas y su aceptación por parte de las distintas capas de la sociedad.

Todas estas distintas consideraciones muestran la importancia de una articulación con actores no directamente implicados en el corto plazo, pero si en el largo plazo por las cuestiones de orden global que están en juego. Uno de los desafíos principales es, sin duda, el de poder construir procesos de cambio duraderos sin que ello implique descuidar la urgencia de encontrar respuestas a las cuestiones que socavan la supervivencia de todos nosotros. Aprender de las experiencias de los demás se convierte entonces en una necesidad ineludible.

Este documento ha sido realizado a petición de FERN, en la organización de un taller sobre la forestería comunitaria, en Bruselas, el 3 y 4 abril 2014. Una versión en inglés ha sido publicada por FERN.

Traducción del francés al castellano : Samir El Ouaamari (AGTER)

¹ A menudo denominados Pigmeos por los colonos.

² En Camerún se habla de « Domaine Forestier Permanent » y « Domaine Forestier Non Permanent »

³ Actualmente, muchas concesiones han superado la mitad de su periodo de validez, y las organizaciones comunitarias están preparando la reconducción o la modificación de las condiciones de acceso para poder asegurar de manera duradera la gestión de estos espacios forestales.

⁴ La exigencia era la de disponer de una entidad jurídicamente reconocida para poder obtener una concesión por parte del Estado. La elección del tipo de estructura ha sido realizada por cada comunidad, en función de los objetivos considerados prioritarios por cada una, por ejemplo la posibilidad de redistribuir los ingresos a los socios, o al contrario, la voluntad de destinar los posibles excedentes únicamente a fines sociales para la comunidad. De manera general, las empresas comunitarias no funcionan como las empresas capitalistas y siempre buscan tomar en cuenta el interés de la comunidad (creación de empleo, beneficios sociales) y no únicamente la obtención del mejor resultado financiero.

⁵ No obstante, dos concesiones han conocido graves problemas, lo que ha conducido a la anulación de una de ellas. Se trataba de las dos concesiones más pequeñas del Petén. En estos casos, la mala gestión estuvo relacionada con la influencia de redes de narcotraficantes, muy presentes en la región fronteriza con México.

⁶ Las dos concesiones forestales atribuidas en Petén a empresas privadas muestran igualmente un nivel similar de protección de la cubierta forestal. Sin embargo, es de suponer que esta situación sea menos sostenible que la de las comunidades forestales vecinas, cuya población se moviliza ampliamente para defender los recursos que les permiten vivir en condiciones cada vez más satisfactorias.

⁷ Estando establecidas éstas en tierras poco pobladas y ocupadas principalmente por poblaciones de migrantes recientes, indígenas o mestizos.

⁸ REDD « Reducción de las emisiones de CO2 procedentes de la deforestación y la degradación de los bosques », es una iniciativa internacional lanzada en 2008 y coordinada por la ONU, que tiene como objetivo luchar contra el calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero inducidas por la degradación, la destrucción y la fragmentación de los bosques. Los Pagos por Servicios Ambientales, PSA son un mecanismo que, a través de transferencias financieras entre beneficiarios de servicios ambientales y proveedores de tales servicios o responsables de la gestión de recursos ambientales, tiene como objetivo reducir las externalidades negativas, y aumentar las positivas, relacionadas con la gestión de un entorno.

⁹ Tal vez, los dirigentes de la cooperativa han estimado demasiado peligroso enfrentarse a los poderosos comerciantes que compran este producto incluso en las comunidades más alejadas.