Reapropriarse del derecho para recobrar el uso de la tierra

La tierra, el derecho, los derechos

Los recursos financieros generan competencia para su uso y acceso, incluso entre sus funciones sociales fundamentales como son la alimentación y la vivienda. Es el teatro de los enfrentamientos entre el interés general y particular. Cuando uno se da cuenta de los desequilibrios entre los usos de la tierra y las desigualdades entre personas para acceder a la tierra, hay que preguntarse qué medios tenemos para restablecer, regular, garantizar, etc. Pensamos en la consagración de un derecho a la alimentación y un derecho a la vivienda que se opondrían a los excesos del derecho de propiedad y la libertad de emprender.

Es legítimo y necesario trabajar en la creación de un derecho para contestar estos nuevos retos, de actuar para la adquisición de nuevos derechos a favor de las poblaciones, incluso las más vulnerables. Pero primero, hay que tomar en cuenta el derecho existente, evaluar el nivel de acceso de las personas a sus derechos. No basta con que un derecho exista para que sea efectivo en la realidad social : tiene que ser adaptado, conocido y utilizado.

Si miramos el derecho francés relativo a la tierra, podemos ver que existen desde ya muchas disposiciones legales y reglamentarias cuyo objetivo es de, por una parte, equilibrar y planificar los diferentes usos de la tierra, y por otra parte, de dar prioridad a la función productiva de las tierras agrícolas. Los mecanismos jurídicos son diversos, pero muchas veces tratan de limitar la libertad de elección del dueño sobre la destinación y uso de su bien. A continuación, desarrollaremos algunos ejemplos.

El código de urbanismo, completado por los documentos de urbanismo (esquema de coherencia territorial, planes locales de urbanismo, etc.), permiten a las colectividades locales definir las zonas de su territorio que son edificables o no, qué tipos de construcciones están autorizados. Para proyectos de interés general o de utilidad pública, las personas morales de derecho público disponen de derechos de tanteo o procedimientos de expropiación. Las sociedades de ordenamiento del suelo y de asentamiento rural (SAFER, Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) tienen una misión pública de intervención en el mercado de la tierra rural para, entre otras cosas, luchar contra la especulación, instalar y asentar las explotaciones agrícolas, gracias al derecho de tanteo.

En el código rural y de pesca marítima, el estatuto de arrendamiento enmarca a través de disposiciones públicas, el arriendo de los bienes agrícolas, a fin de segurizar y perpetuar las fincas : la duración del contrato de arriendo es de mínimo nueve años, hay una limitación de los precios del alquiler, una renovación automática, cesión del contrato de arriendo a la pareja o al heredero, derecho de tanteo del campesino, indemnización de las mejoras realizadas, marco estricto de los motivos que autorizan al propietario de retomar su bien, etc. El derecho de tanteo del campesino puede acompañarse de una acción en revisión del precio, en frente del tribunal. La SAFER puede ella misma fijar el precio en el momento del tanteo. La reglamentación del control de las estructuras puede subordinar ciertas operaciones de ampliación, reunión, o de instalación de explotación a autorizaciones administrativas para repartir las superficies cultivadas entre agricultores. El procedimiento de las tierras baldías da la posibilidad de obligar al propietario a explotar, él mismo o un tercero, las parcelas que pueden ser agrícolas. Existen también instrumentos para las viviendas vacías y los edificios abandonados.

A pesar de todas estas disposiciones y muchas más, podemos observar que el ritmo de artificialización de las tierras agrícolas está empeorando, también existe una gran dificultad de acceso a la tierra para nuevas fincas, una concentración de la tierra en las fincas más grandes, un aumento de los precios de las tierras agrícolas y los edificios en el campo, una rescisión del contrato de alquiler o la no renovación de éste, y también el hecho de no destinar el bien comprado a un uso agrícola, con parcelas subexplotadas y muchas viviendas vacías. Las poblaciones que más lo necesitan, no usan sus derechos, que sin embargo, se lograron a través de reivindicaciones y movilizaciones en terreno.

La necesidad de un enfoque alternativo del derecho

Comprobamos que existe una falta de eficiencia de los derechos existentes, lo que nos lleva a analizar las condiciones de ejercicio del derecho. En nuestras sociedades modernas, delegamos la elaboración de las leyes al poder legislativo, la interpretación de las normas y su aplicación al poder judicial, y la defensa a los abogados. Parece necesario repensar esta relación demasiado lejana entre las personas y el derecho, que se impone a ellas en cada instante de su vida y que constituye un conjunto de reglas que manda la vida de la sociedad.

El derecho es un asunto de todos, y es parte de la vida cotidiana : es en esta visión concreta del derecho que la asociación Comité d’action juridique (CAJ) enfoca su acción de defensa del acceso al derecho en el campo. Su principal acción es de proponer a los habitantes rurales un apoyo jurídico participativo y colectivo. Su método de trabajo se enfoca a la vez en prácticas de solidaridad y en la participación de los individuos para resolver sus propios problemas jurídicos. Para el CAJ, el derecho no es una disciplina abstracta que sólo practican los expertos en lugares de difícil acceso para la gente. Existe una puesta en perspectiva de los elementos del derecho con los hechos concretos a los cuales se aplican, y que son relativos en función del contexto social, humano, familiar, económico, profesional, relacional. El CAJ busca entonces, levantar los frenos al acceso al derecho y al juez, a insertar la realidad en sus textos, a entregar autonomía a las personas.

Estos métodos se inspiran de los « locales de derecho » que nacieron en las ciudades en los años 70. En el campo, se practicaban por la asociación de los campesinos de la Drôme (Association des Fermiers Drômois, AFD). En su época de mayor actividad, entre 1976 y 1981, frente a los cinco tribunales de la Drôme que trataban los litigios entre propietarios y granjeros-aparceros, los delegados de la AFD defendían a éstos últimos y ganaban sus juicios en un 70 a 90% de los casos. En otras partes en donde no se desarrollaba este trabajo, los granjeros y aparceros estaban generalmente defendidos por abogados y perdían sus juicios en las mismas proporciones.

El CAJ : problemas de tierras y método de acción

Creado en 2006 por campesinos, el CAJ trata de manera casi exclusiva, de situaciones vinculadas con la agricultura, dentro de éstas casi dos tercios vinculadas con la tierra. Se encuentran muchos problemas en los contratos de alquiler de tierras rurales, después las decisiones de urbanismo y los permisos de construir, los caminos, la servidumbre, el control de las estructuras, la acción de las SAFER.

Cuando una persona contacta a la asociación, la orientamos hacia un voluntario que organiza un primer encuentro con una parte o con todo el equipo. Este primer tiempo entre rurales otorga desde el principio un carácter humano al apoyo jurídico, una proximidad social y geográfica. Después de este primer encuentro, se dan a conocer más elementos para conocer mejor la situación : documentos, observaciones de terreno, encuentros con los vecinos, entrevistas con la otra parte en caso de conflicto. El CAJ decide apoyar a la persona si su demanda parece legítima y si se pone de acuerdo con el equipo sobre la solución que está buscando. Éste se hace miembro de la asociación. En caso de conflictos, el CAJ siempre busca soluciones amistosas de litigios.

Los voluntarios de la asociación reciben una formación de base que ponen en práctica, ya que son habilitados para encontrar ellos mismo los elementos del derecho. Si es necesario, pueden recurrir a los juristas empleados del CAJ regional. Si se organiza una cita con el jurista, varios voluntarios del CAJ se encuentran presentes también. Se instauran entonces intercambios triangulares y equilibrados entre la persona apoyada, los voluntarios y el jurista. Así, la persona comparte su problema no sólo con el jurista, sino que participa de manera activa a su resolución.

Este proceso de apropiación no se detiene en las puertas del tribunal. Si la estrategia jurídica se prepara con el jurista y si, en caso de juicio, es él que redacta los documentos judiciales (recurso de apelación, conclusiones, etc.), la intervención frente al tribunal no está delegada ni al jurista del CAJ ni a un abogado. Frente a las jurisdicciones que lo permiten, es un miembro del CAJ que asiste a la persona, jugando a su manera, el rol del abogado. Frente a los tribunales donde es necesario tener un abogado, el CAJ recurre a la gente que acepta de colaborar con el método del CAJ y con la estrategia acordada con el solicitante. A propósito de las problemáticas de tierra, el CAJ asiste personas frente a los tribunales de contratos rurales (Tribunal paritaire des baux ruraux 1 ) y la Corte de apelaciones. Acompaña las personas, sin poder asistirlas, frente al Tribunal administrativo y, en raras ocasiones, frente al Tribunal de instancia y el Tribunal de gran instancia.

Del individuo al colectivo, del jurídico al político

Después de una cita con el CAJ de Isère, que le permite conocer sus derechos y sentirse apoyado, un campesino sólo logra obtener de su arrendador, de manera amistosa, una revisión de los procesos del arrendamiento. En la Drôme, una campesina, que está obligada a recurrir al tribunal para un tanteo con la revisión del derecho de la granja que arrienda, toma consciencia de sus derechos, lleva al propietario a renunciar a la venta y decide después involucrarse al CAJ. Estos dos ejemplos muestran que más allá de la solución de problemas individuales, que las prácticas populares del derecho tienen un impacto más grande. Las personas retoman confianza en su capacidad de actuar y organizarse colectivamente. El hecho de no individualizar los problemas permite identificar las posibles causas políticas. La apropiación del derecho por las poblaciones les permite de contribuir a su evolución, produciendo jurisprudencia, proponiendo cambios de textos, haciendo peso sobre su aplicación e interpretación. Esto lleva a modificar las relaciones de poder en la sociedad. El derecho no es neutro, tiene un contenido político. Puede reforzarse o mantener ciertas dominaciones, pero también puede ser un instrumento de cambio.