français | español | english
Fondo Documental Dinámico
sobre la gobernanza de los recursos naturales en el mundo

BOLIVIA. La disputa por la tierra en el oriente está en el centro del conflicto nacional

Escrito por: Miguel Urioste

Fecha de redaccion: agosto 2008

Organizaciones: Fundación Tierra

Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia el año 2005 con una mayoría absoluta (53%) de votación y se ratificó en su cargo el 10 de agosto de 2008 con dos tercios (67%) de la aprobación electoral (Referéndum Revocatorio), hecho inédito en toda la historia republicana que consolida su mandato y su proyecto de cambio por lo menos hasta el 2010. Este apoyo no sólo en la región occidental donde sigue creciendo su base electoral, sino que también ha aumentado el respaldo al mandatario en la “Media Luna”, región hasta ahora hegemonizada por la oposición política urbana.

Sin embargo, a pesar de esas abrumadoras cifras, al Presidente no le será fácil administrar ese éxito electoral ya que el Referéndum también muestra la reafirmación de la demanda de autonomías departamentales en el oriente. El mandato otorgado en agosto, es para a) avanzar en la construcción de un Estado central fuerte, que regule la actividad económica y retenga el excedente para reinvertirlo en una perspectiva nacional del desarrollo con inclusión y equidad, y b) conciliar las demandas autonómicas con este proceso de cambio.

El 11 de agosto el gobierno ha planteado la compatibilización de las autonomías departamentales con el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), para llegar a un acuerdo no sólo válido para el sector indígena y campesino, sino también para la población urbana no indígena.

Aunque se ha hecho reiteradamente esta invitación al diálogo, la reacción del bloque de oposición, los prefectos y líderes cívicos de la Media Luna, ha sido la radicalización de su discurso antigubernamental y el rechazo a dialogar. Las acciones políticas de esta oposición regional han sido, además, la exacerbación de conflictos sociales y la búsqueda de choques con las fuerzas del orden. Estas acciones muestran que la estrategia de los prefectos opositores será impedir la llegada de las autoridades gubernamentales a esas regiones, la toma y el control de las instituciones estatales y proseguir con el intento de aplicación de sus ilegales estatutos autonómicos (se ha convocado a elecciones para los representantes de una supuesta Asamblea Legislativa en Santa Cruz). Es decir, desconocer al Estado boliviano y al gobierno central y erigir gobiernos regionales que funcionen como Estados dentro de cada departamento de la Media Luna. Esto ya está provocando reacciones de sectores afines al gobierno en esos departamentos que se reclaman autonómicos.

Los Estatutos Autonómicos Departamentales (EAD) rechazan la Reforma Agraria

Los Estatutos Autonómicos Departamentales (EAD) son un contundente rechazo a la pretendida Revolución Agraria del presidente Morales y su gobierno. Los departamentos orientales de Bolivia reclaman para sí la facultad de administrar los recursos naturales, bloqueando la posibilidad de aplicación de una reforma agraria en esa región. El tema de las tierras está en el centro del conflicto de las competencias entre las autonomías departamentales y las autonomías indígenas.

La nueva ley agraria aprobada en noviembre de 2006 otorga al Presidente y al Poder Ejecutivo mayores facultades para revertir directamente latifundios improductivos. La propuesta de NCPE otorga también facultades especiales al Poder Ejecutivo para definir, clasificar y eventualmente revertir y redistribuir latifundios. Sin embargo, esta norma –la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria- ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional que ahora no tiene quórum. En consecuencia, los propietarios de tierras del oriente boliviano y sus representaciones gremiales corporativas (Confederación de Agropecuarios de Bolivia-CONFEAGRO, Federación de Ganaderos de Santa Cruz-FEGASACRUZ, Cámara Agropecuaria del Oriente-CAO) han instruido su desacato. De hecho, desde principios del año 2008 se han producido reacciones violentas de propietarios de tierras en contra de autoridades y funcionarios de gobierno, que han paralizado la realización del saneamiento del derecho propietario de las tierras en el oriente.

Todavía no existe una verdadera Revolución Agraria

La proclama de una Revolución Agraria no es un aspecto aislado dentro de la propuesta del gobierno, es un tema central que incorpora viejas demandas de los sectores indígenas y campesinos y forma parte prioritaria del proceso de cambios políticos, sociales y económicos más amplios que pretende impulsar el gobierno. Sin embargo, este proceso de cambio está entrampado en medio de una confrontación que está logrando detener el curso de las transformaciones, incluso poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática, especialmente por la exacerbación de la contradicción étnica-regional entre occidente y oriente. En sus dos primeros años no se sabe cuanto ha avanzado la denominada Revolución Agraria ya que nunca ha cuantificado sus metas. No hay como medirla. En realidad, pareciera que no existe una Revolución Agraria aunque sí hubo diversos intentos por disminuir los latifundios en el oriente –hoy paralizados por el rechazo de los principales terratenientes- y varias acciones gubernamentales para incentivar la producción en las pequeñas unidades campesinas, a través de créditos (cerca de 80 millones de dólares) y dotación de maquinaria (mas de mil tractores).

La titulación de territorios indígenas en el oriente avanza en áreas fiscales

Durante los dos primeros años de la Revolución Agraria el gobierno del presidente Morales ha concentrado su discurso en la problemática de la tierra en las tierras bajas del oriente amazónico. Varios títulos de propiedad colectiva de enormes territorios indígenas que hasta el año 2006 estaban paralizados por trámites burocráticos u obstruidos por artimañas legales, fueron prontamente entregados por Evo Morales para el dominio de los pueblos indígenas del oriente. Durante más de una década y con ayuda de la cooperación internacional y un presupuesto de más de 90 millones de dólares y la participación de varias organizaciones indígenas y el apoyo de otras tantas ONG, se había avanzado en el saneamiento de muchas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) o Territorios Indígenas. Sin embargo, fue el gobierno del presidente Morales que, contra viento y marea, tituló los más importantes territorios indígenas del oriente y la amazonía, al extremo de que hoy prácticamente no existen tierras ni bosques de libre disponibilidad. Con la Ley de Reconducción Comunitaria del año 2006 las familias o empresas privadas nacionales o extranjeras ya no podrán recibir del Estado de forma gratuita ni onerosa ni un metro cuadrado de tierra. Solo podrán ser beneficiarios de las dotaciones de tierra o territorio las comunidades o pueblos indígenas pero exclusivamente en propiedad colectiva. Esta importante titulación de territorios para los pueblos indígenas del oriente no solo entra en conflicto con medianas y grandes haciendas sino también con indígenas del occidente que emigran al oriente en busca de tierras y no las encuentran.

El saneamiento de nuevas tierras en el occidente está paralizado

Simultáneamente y dada la concentración de iniciativas y energías del gobierno, del Viceministerio de Tierras y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) focalizando su acción en el oriente del país para revertir latifundios, especialmente a partir de la elección paradigmática del caso del gran propietario de tierras Branco Marinkovick y a su vez presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, ha hecho que el saneamiento de tierras en los valles y el altiplano esté prácticamente abandonado. En efecto, en dos años no se ha avanzado significativamente en el saneamiento de nuevas tierras para campesinos, familias y comunidades de la región andina. Lo que sí se ha hecho es acelerar la firma de miles de títulos que desde hace varios años estaban pendientes del procedimiento burocrático, pero en el gobierno del presidente Morales apenas se ha iniciado algunos saneamientos nuevos. Esto genera una demanda insatisfecha –creciente- por la actualización del derecho propietario de las tierras de las familias de las comunidades en el occidente andino y en las colonias de las tierras bajas.

Los indígenas de los andes no han accedido a nuevas tierras en los llanos

La Ley de Reconducción Comunitaria de 2006 no ha introducido ningún mecanismo para distribuir nuevas tierras a los indígenas del occidente andino en las áreas orientales de las tierras bajas. La posibilidad de promover asentamientos humanos en las tierras bajas con campesinos sin tierra del occidente andino, sigue siendo un espejismo o una ilusión que cada vez es menos estimulada por el gobierno. Salvo la experiencia del asentamiento de colonizadores en “Pueblos Unidos”, el hecho es que –una vez desactivado por el gobierno el Movimiento Sin Tierras- tampoco existe una demanda organizada de indígenas del occidente por acceder a nuevas tierras en el oriente, ya que la actividad informal urbana -comercio, pequeña industria, artesanía, empleos temporales- sigue siendo todavía más atractiva que trabajar en el campo.

El modelo productivo agro soyero ya no recibe apoyo estatal

A poco mas de dos años del inicio de la Revolución Agraria está claro que las esferas gubernamentales han decidido afectar la base material que sustenta el poder político de las élites agroindustriales del oriente mediante el progresivo debilitamiento del monocultivo de la soya y todas sus vinculaciones y ramificaciones políticas, económicas, sociales y regionales. La compra de las acciones de la empresa GRAVETAL, principal empresa privada acopiadora de soya y de granos en Santa Cruz, por parte de una empresa subsidiaria de PDVESA, la empresa estatal del petróleo de Venezuela, hace evidente esta estrategia.

Los grupos agroindustriales del departamento de Santa Cruz, antes privilegiados por políticas públicas de apoyo y subsidios, se han convertido en el mayor núcleo político y económico opositor al gobierno. Además, ha concluido el periodo de 10 años de preferencias arancelarias de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la soya boliviana y teniendo en cuenta que la soya boliviana debe competir con los productores brasileros, argentinos o norteamericanos, dados los altos costos del flete de transporte en Bolivia, y a pesar del notable incremento del precio de la soya, es previsible que el ritmo de ampliación de la frontera agrícola de la soya y oleaginosas (1 millón de hectáreas el año 2008) tienda a estancarse, con todos los efectos de desaceleración de la economía en la región oriental.

Desde la perspectiva del gobierno los productores agropecuarios del oriente ahora no son indispensables para la generación de divisas y de hecho se han convertido en un sector del que se quiere prescindir, para reconvertir la estructura monopólica de la tenencia de la tierra y de la producción del oriente hacia un modelo de muchos pequeños actores produciendo diversos alimentos, en primer lugar para el mercado interno, y en segundo lugar para las exportaciones.

Las iniciativas gubernamentales para debilitar el modelo productivo cruceño, promoviendo una diversificación productiva orientada principalmente a satisfacer la demanda nacional de productos alimenticios, va en contra de la demanda internacional creciente y con precios cada vez más atractivos para producir soya y caña de azúcar para destinarla a los agro combustibles. La demanda mundial de soya para producir agro combustibles en Santa Cruz es el elemento central que determina el alza del precio de la tierra en el oriente, el agravamiento del conflicto, la pugna por el acceso a la tierra y está vinculada a la crisis alimentaria de Bolivia. Recientemente los sectores agro empresariales del oriente con el apoyo del gobierno norteamericano (USAID) han iniciado campañas informativas, mediáticas y publicitarias para promover las ventajas del cultivo de la soya para la producción de agro combustibles, contraria a la posición oficial del gobierno.

Es posible una crisis alimentaria

Durante más de una década, el modelo productivo del departamento de Santa Cruz, centrado en el monocultivo de la soya y otras oleaginosas, ha descuidado la producción de alimentos para el consumo interno en Bolivia. Abastecer el mercado interno no es negocio para las empresas y es algo que se dejó en manos de las iniciativas de los pequeños productores campesinos e indígenas, pero sin apoyo de políticas públicas. Paradójicamente, justamente en un momento en que el gobierno promueve el retorno al campo, la diversificación productiva de alimentos, el trabajo comunitario y la redistribución colectiva de las tierras, no se puede descartar que el próximo año ocurra un desabastecimiento alimenticio en las ciudades de Bolivia.

Al mismo tiempo, dado el enfoque de la política gubernamental de privilegiar la seguridad alimentaria mediante la diversificación de la producción de alimentos a través de pequeñas unidades, la crisis alimentaria mundial puede significar una gran oportunidad para aumentar la oferta de alimentos, incrementar el empleo rural y generar mayor adhesión política al proceso de cambio, a costa del debilitamiento de las estructuras agroindustriales centradas en el monocultivo de oleaginosas que hasta ahora se beneficiaron de subsidios públicos.

Urge compatibilizar los estatutos autonómicos con la propuesta de nueva Constitución

Dada la posibilidad de una mayor profundización de los conflictos políticos en el país, el debate y los acuerdos entre las autonomías indígenas y las departamentales se convierte en un prerrequisito para lograr un pacto social nacional y una solución democrática a la crisis política. El proceso de radical municipalización con participación popular iniciado hace 14 años, sumado a la demanda autonómica departamental y a los pasos que va dando el gobierno en la re construcción de un Estado nacional fuerte, han puesto en cuestión la reconfiguración del poder. El gobierno central, las comunidades de indígenas, campesinos y colonizadores, los municipios y las regiones disputan competencias en el acceso, uso y administración de la tierra y los recursos naturales en general. Esta disputa debe llegar a acuerdos.

Miguel Urioste F de C es Director de Fundación TIERRA

Este articulo es retomado (con la autorización del autor) del sitio web de la Fundación Tierra.

Ha sido publicado inicialmente en Pulso, el 22 de agosto, 2008.