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Documento temático # 1. Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural
Escrito por: IIED
Fecha de redaccion:
Organizaciones: International Institute for Environment and Development (IIED), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Tipo de documento: Estudio / Trabajo de investigación
Resumen Ejecutivo
Este documento resume las políticas y prácticas actuales para garantizar el acceso a la tierra a los pobres. Abarca África, América Latina y Asia, haciendo referencia también a experiencias de Europa central y oriental y de la ex-Comunidad de Estados Independientes. El documento examina el cambio en los enfoques de la reforma agraria, las diferentes formas para garantizar el derecho de tierras y lograr una distribución más equitativa, la vulnerabilidad de grupos particulares a perder sus derechos y la necesidad de afrontar el derecho de tierras mientras se resuelven los conflictos y en la construcción de la paz. Concluye con amplias recomendaciones sobre unas medidas prácticas para proteger el derecho de tierras en los grupos más pobres y vulnerables.
La tierra es un bien de importancia incalculable para miles de millones de habitantes de las zonas rurales de los países en desarrollo. La naturaleza de los derechos y la seguridad con la cual se gozan cambia enormemente, dependiendo de la competencia por la tierra, del grado de penetración de mercado y del contexto institucional y político más amplio. El escenario es completamente diverso dentro y entre los países y regiones, sin embargo, se pueden identificar algunas tendencias generales y retos en común.
A pesar de que existen enormes diferencias al interno de los países y entre ellos , la presión sobre la tierra tiende a incrementarse en las próximas décadas, dado el impacto del continuo crecimiento poblacional, de la urbanización, de la globalización de los mercados y de los cambios climáticos. Cuando el recurso se vuelve cada vez más escaso y más caro, los que tienen derechos de tierra endebles tienden a perderlos. En el caso de la tierra, algunos grupos, en particular, son más vulnerables a perder sus derechos, entre estos: los pobres, los habitantes de las zonas periurbanas, las poblaciones indígenas, las mujeres, los que subsisten de recursos de propiedades en común y los que viven en áreas en conflictos. Afrontar la seguridad de tenencia y acceso a la tierra para estos grupos es crucial para la justicia social, para los medios de vida sostenibles, y para la estabilidad política y coexistencia pacífica. Se debe poner especial atención en garantizar el derecho de tierras, porque es importante para la promoción del desarrollo rural, ya que ayuda a crear condiciones que fomentan las inversiones locales y extranjeras.
El diálogo político a todos los niveles debería reconocer la importancia de garantizar el derecho de tierras para un desarrollo sostenido, para el crecimiento y la paz. Se necesita dar prioridad más sistemáticamente al acceso a la tierra y a los derechos de propiedad en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y en la política macroeconómica a escala nacional y en los ODM a escala global. De no ser así, el tema de la tierra quedaría excluido de las principales estrategias de desarrollo.
La agenda de la reforma agraria debe estar dirigida por cada país y ser de su competencia, mientras las lecciones de las buenas prácticas pueden ser compartidas entre los países, no hay soluciones generalizadas que se apliquen a todos los casos. Una reforma efectiva de la tierra y de los derechos de propiedad para apoyar los sistemas de vida de los pobres requiere un compromiso sostenible y a largo plazo por parte de los gobiernos y de las agencias de desarrollo. Una reforma agraria exitosa, en última instancia, depende del ejercicio del poder político en conjunto con los movimientos en pro de la reforma agraria, colectivamente preparados para superar la resistencia surgidas de intereses creados.
La promoción de un acceso equitativo a la tierra requiere de una conducción efectiva para implementar los programas actuales de redistribución de la tierra y evaluar los sistemas y acuerdos institucionales usados para ejecutar estos programas. Garantizar los derechos de tierra requiere: un buen número de herramientas ajustadas a los diferentes grupos y circunstancias, poniendo atención especial a las necesidades de seguridad de la tenencia de tierras de los grupos más pobres y vulnerables; el apoyo a las instituciones democráticas y a los sistemas de información que sean descentralizados, centrados en los problemas y abiertos al escrutinio público ; una vinculación efectiva entre las nuevas instituciones y los mecanismos locales existentes para la gestión de la tierra; y sistemas mejorados para resolver los conflictos por la tierra, incluyendo los métodos de resolución formal de los conflictos, los métodos alternativos de resolución y aquellos consuetudinarios.
La creación de capacidades es fundamental para mejorar el acceso a la tierra y su administración eficaz. Una escasez de personal profesional en las agencias gubernamentales y la falta de conocimientos jurídicos entre el público en general se combinan para volver los servicios de administración de la tierra ampliamente inaccesibles para la gente normal. La necesidad de pagar impuestos, la distancia para acceder a los registros de tierra y la dependencia del saber leer y escribir en el idioma oficial limitan ulteriormente el alcance de la política estatal en las áreas rurales. Se necesita apoyo al desarrollo profesional, intercambio de experiencias y creación de capacidad, incluso en el ámbito universitario, en centros de excelencias y a través de las redes de aprendizaje de los formuladores de políticas, de los varios interesados y de la sociedad civil en general. Las organizaciones civiles capaces y bien informadas tienen un papel de incalculable valor en la formación y en el suministro de pesos y contrapesos ante la toma gubernamental de decisiones y el desarrollo e implementación de las políticas de la tierra. El intercambio de experiencia entre las redes de las organizaciones civiles, el análisis y la investigación ligados a las medidas prácticas pueden también ayudar a desarrollar una política agraria más adecuada y unas instituciones capaces de hacer frente a las exigencias de seguridad de tierras tanto de los pobres como de los ricos.
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