Declaración final de la CIRADR (ICARRD)

Extracto del informe final de la conferencia

Apéndice G. DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA

1. Nosotros, los Estados Miembros, congregados en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), bajo la amable hospitalidad del Gobierno de Brasil, creemos firmemente en el papel fundamental que tienen la reforma agraria y el desarrollo rural en la promoción del desarrollo sostenible que incluye, inter alia, la realización de los derechos humanos, la seguridad alimentaría, la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de la justicia social sobre la base de los principios democráticos del derecho.

2. Evocamos los importantes resultados de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR), en 1979, y de la Carta del Campesino, que enfatizó la necesidad de implementar adecuadas estrategias nacionales para la reforma agraria y el desarrollo rural, al igual que su integración con el conjunto de las estrategias nacionales de desarrollo.

3. Evocamos los pasos significativos emprendidos por todos los Países Miembros de la FAO hacia la adopción de un conjunto de Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaría nacional que constituyen un elemento esencial a considerar cuando se tiene que ver con la exigencia de promover el desarrollo rural.

4. Recordamos el compromiso de cumplir con los objetivos de desarrollo convenidos en el ámbito internacional y ratificados durante la Cumbre del Milenio y el 60° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2005, es decir: erradicar la extrema pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y lograr una alianza mundial para el desarrollo.

Por tanto hemos adoptado la siguiente Declaración.

5. Reconocemos que la inseguridad alimentaría, el hambre y la pobreza rural son generalmente el resultado del desequilibrio que caracteriza el actual proceso de desarrollo que impide un acceso más amplio a la tierra, al agua y demás recursos naturales y otros bienes, de manera sostenible.

6. Reafirmamos que el acceso más amplio, seguro y sostenible a la tierra, el agua y demás recursos naturales relacionados con los medios de vida de las poblaciones rurales, especialmente, inter alia, las mujeres, los grupos indígenas, marginados y vulnerables, son fundamentales para la erradicación del hambre y de la pobreza, contribuye al desarrollo sostenible y debería por ello ser parte integral de las políticas nacionales.

7. Reconocemos que las leyes deberían ser diseñadas y revisadas para garantizar que a las mujeres rurales se los otorgue derechos iguales y completos sobre la tierra y otros recursos, incluso a través del derecho a la herencia, y reformas administrativas así como otras medidas necesarias deberían ser tomadas para dar a las mujeres el mismo derecho que a los hombres al crédito, capital, derecho laboral, documentos de identificación legal, tecnologías apropiadas e igual acceso a los mercados y a la información.

8. Tomamos nota que los conflictos surgidos por el control de estos recursos han sido a través del tiempo causa principal de malestar social, inestabilidad política y degradación ambiental en muchas partes del mundo.

9. Tomamos nota de la necesidad de políticas y programas de desarrollo rural que garanticen una mejor preparación para incrementar la capacidad y responder en modo efectivo tanto a los desastres naturales como a los causados por el hombre.

10. Reconocemos que muchas tendencias globales pueden influir en los modelos de desarrollo, en particular los de desarrollo rural.

11. Reiteramos la importancia de la agricultura tradicional y familiar y otros sistemas de producción en pequeña escala, al igual que el papel que juegan las comunidades rurales tradicionales y los grupos indígenas en el fomento de la seguridad alimentaría y en la erradicación de la pobreza.

12. Reconocemos la necesidad de facilitar el incremento de la productividad agropecuaria ambientalmente sostenible y del comercio equitativo, al igual que la necesidad de seguir con atención las negociaciones de la Agenda de Desarrollo Doha y de instrumentos operacionalmente eficaces para un tratamiento especial y diferenciado, entre otros, para permitir que los países en desarrollo tengan en cuenta efectivamente sus exigencias de desarrollo, incluyendo la seguridad alimentaría y el desarrollo rural.

13. Reiteramos que las políticas agropecuarias necesitan de un equilibrio entre los espacios políticos nacionales y las disciplinas y compromisos internacionales. Por lo tanto, las políticas agropecuarias son una herramienta importante para promover la reforma agraria, el crédito rural y los seguros, la asistencia técnica y otras medidas relacionadas al logro de la seguridad alimentaría y el desarrollo rural.

14. Reconocemos que las políticas y prácticas para ampliar el acceso cierto a la tierra, al agua y demás recursos naturales y el suministro de servicios rurales deberían ser revisadas para lograr el completo respeto de los derechos y aspiraciones de la población rural, mujeres y grupos vulnerables, incluyendo comunidades rurales tradicionales e indígenas y aquellas dedicadas a actividades forestales y a la pesca, dándoles la capacidad para proteger sus derechos de acuerdo a los marcos legales nacionales.

15. Enfatizamos, por tanto, que tales políticas y prácticas deberían promover los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de mujeres y grupos vulnerables y marginados. En este contexto las políticas e instituciones de reforma agraria y de desarrollo rural deberían involucrar a los interesados en dichas políticas, incluyendo a aquellos que producen bajo sistemas de tenencia de la tierra individual, comunal y colectivo, así como comunidades pesqueras y forestales, entre otras, en los procesos de toma de decisiones e implementación respecto de temas administrativos y judiciales destacados, de acuerdo a los marcos legales nacionales.

16. Subrayamos que las políticas, normas e instituciones de reforma agraria y desarrollo rural deben responder a las exigencias y aspiraciones de la población rural, tomando en cuenta las cuestiones de género, los factores económicos, sociales, culturales jurídicos y ecológicos y, por lo tanto, deberían implicar a todos los directos interesados en el proceso de toma de decisiones.

17. Reconocemos el importante papel que juegan la justicia social, el estado de derecho democrático y un marco jurídico adecuado en la reforma agraria y el desarrollo rural.

18. Reconocemos el papel decisivo del Estado en proporcionar oportunidades justas y equitativas y en promover la seguridad económica básica para hombres y mujeres como ciudadanos con iguales derechos.

19. Estamos convencidos de la importancia de la igualdad incluyendo, inter alia, las cuestiones de género y la inclusión social en el desarrollo rural sostenible, donde el diálogo, el intercambio de información, el fortalecimiento de capacidades y experiencia son elementos fundamentales para la difusión de las políticas de reforma agraria y desarrollo rural de todo el mundo.

20. Reconocemos la importancia de establecer políticas justas, eficaces y participativas relativas a la tierra y el agua, en el respeto de los compromisos internacionales pertinentes, especialmente respecto de las mujeres y de los grupos vulnerables y marginados.

21 Reconocemos, por lo tanto, la necesidad de implementar sistemas administrativos que conduzcan al establecimiento de registros, títulos y agrimensura de las propiedades de tierra eficaces, el mejoramiento de las bases jurídicas, institucionales y de mercado, incluyendo las leyes que rigen la utilización del agua y el reconocimiento formal de los derechos de uso consuetudinarios y comunales, de forma transparente, ejecutoria y acorde con los intereses de la comunidad.

22. Reconocemos la importancia de mejorar el acceso equitativo a la financiación, tanto para los hombres como para las mujeres, mejorar los mecanismos de reducción de los costos de transacción, incluidos los de transferencias de remesas, para movilizar recursos y facilitar su contribución orientada al fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo rural.

23. Reconocemos la necesidad de contar con políticas, normas y servicios, en particular los relacionados con la producción rural y el comercio, la asistencia técnica, la financiación, el fortalecimiento de las capacidades, medidas en salud y educación, apoyo en infraestructura e institucional que permitan obtener la mayor integración posible de las áreas rurales en los esfuerzos nacionales para el desarrollo.

24. Reconocemos la necesidad de mayores oportunidades de empleo e ingresos para la población rurales y el desarrollo de asociaciones de productores tanto de hombres como de mujeres, organizaciones de la agricultura familiar y otros productores y trabajadores rurales, cooperativas y demás organizaciones rurales.

25. Reconocemos que los Estados tienen la responsabilidad prioritaria de su propio desarrollo económico y social que incluye las políticas nacionales para la implementación de la reforma agraria y de las estrategias de desarrollo rural. En este contexto, reconocemos el papel fundamental que tiene la concertación entre gobiernos, sociedad civil y de las demás partes interesadas para la implementación sostenible de la reforma agraria y del desarrollo rural.

26. Reconocemos la necesidad de asegurar a las comunidades pesqueras, forestales y otras comunidades específicas sus derechos de acceso a las áreas de pesca, bosques y otros ecosistemas específicos dentro de un marco de manejo sostenible de los recursos naturales.

27. Reafirmamos que la reforma agraria y otros esfuerzos dirigidos a erradicar la pobreza rural deberían tomar en cuenta la preservación y conservación de la tierra, el agua y otros recursos naturales, y que no tenga como resultado la pérdida de esos recursos, eb particular para los pueblos indígenas, tales como los pastores y pueblos nómadas, y tampoco en la pérdida y erosión de sus culturas.

Visión de la CIRADR

28. Proponemos que las políticas de desarrollo rural, incluyendo aquellas sobre reforma agraria, deberían ser más centradas en los pobres y sus organizaciones, socialmente orientadas, participativas y respetuosas de la equidad de género, en el contexto de un desarrollo económico, social y ecológicamente sustentable. Deberían contribuir a la seguridad alimentaría y erradicación de la pobreza, basadas en derechos ciertos en el plano individual, comunal y colectivo ciertos, y en igualdad, incluyendo, inter alia, empleo, especialmente para los trabajadores sin tierra, fortaleciendo los mercados locales y nacionales, generación de ingresos, en particular a través de la pequeña y mediana empresa, inclusión social y conservación del medio ambiente y de los bienes culturales de las áreas rurales, a través de una perspectiva de medios de vida sostenibles y de la autonomía de los grupos rurales vulnerables. Estas políticas deberían ser aplicadas en un contexto de pleno respeto de los derechos y aspiraciones de la población rural, en especial de los grupos marginados y vulnerables, dentro de los marcos jurídicos nacionales y a través de un diálogo efectivo.

Principios de la CIRADR

29. Convenimos en los siguientes principios:

• Diálogos nacionales incluyentes como mecanismos generales para garantizar un progreso significativo en la reforma agraria y en el desarrollo rural;

• Aplicación de una reforma agraria adecuada principalmente en las áreas con fuertes disparidades sociales, pobreza e inseguridad alimentaría, como medio para ampliar el acceso sostenible a la tierra, al agua y a los demás recursos naturales. Esto se debería lograr a través de un programa basado en políticas coherentes, éticas, participativas e integradas, además de, entre otros, sistemas de asistencia técnica, financiamiento, creación de capacidad local, intervenciones en salud y en educación, apoyo institucional y en infraestructura dirigido a obtener un incremento generalizado en la eficiencia de los sistemas productivos, optimizando la productividad agrícola, incrementando las oportunidades de empleo y bienestar de la población de manera tal que el desarrollo rural sea verdaderamente efectivo y equitativo;

• Apoyar un enfoque participativo basado en los derechos económicos sociales y culturales así como en una buena gestión pública de la tierra, el agua, bosques y demás recursos naturales dentro del contexto jurídico nacional, centrándose en el desarrollo sostenible y en la superación de las desigualdades a fin de erradicar la pobreza y el hambre.

• Mayor apoyo a los países en desarrollo, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades y la asistencia técnica adecuadas, a fin de garantizar el uso a pequeña escala de los recursos naturales productivos, para la agricultura familiar y para otros pequeños productores, en particular de población rural, mujeres y grupos vulnerables tales como pueblos indígenas, comunidades forestales y pesqueras, pastoriles, campesinos y población sin tierra para asegurar la seguridad alimentaría y medios de vida sostenibles.

• Apoyar la investigación aplicada, el desarrollo y la transferencia de tecnología por parte de organismos nacionales e internacionales de investigación y servicios de extensión, para responder a las necesidades de las mujeres agricultoras, de la agricultura familiar y tradicional y de los demás pequeños productores, al igual que de las comunidades rurales tradicionales y grupos indígenas, en el contexto de sistemas sostenibles de producción;

• Adopción de políticas y programas para el desarrollo rural que promuevan la descentralización, reforzando el nivel local, con especial énfasis en los pobres, a fin de superar la exclusión social y las desigualdades y promover el desarrollo sostenible, equidad de género y nuevas oportunidades económicas y de empleo.

• Promoción de mecanismos administrativos prácticos, sencillos y accesibles para garantizar los derechos sobre la tierra, tomando particularmente en cuenta los grupos marginados.

• Fortalecimiento del papel del Estado para que implemente y desarrolle políticas y programas más justos y centrados en la población para garantizar la seguridad alimentaría y el bienestar de todos los ciudadanos, particularmente programas dirigidos a abordar el impacto del HIV/SIDA y otras enfermedades en comunidades y ámbitos rurales.

• Apoyo al conocimiento y experiencias locales, garantizando la disponibilidad y acceso efectivo por parte de la agricultura familiar y tradicional y demás sistemas de producción en pequeña escala, al igual que las comunidades rurales tradicionales y los grupos indígenas, a la información y tecnología adecuadas en el área de la producción, diversificación de ingresos, fortalecimiento de los vínculos de mercado a todos los niveles dando prioridad a los mercados locales y nacionales, a la promoción de la alta calidad y a los productos locales y tradicionales, y desarrollar medios para mantener y rehabilitar los recursos naturales;

• Apoyo al aumento de las alianzas a nivel local, nacional, regional y global, de la solidaridad internacional y apoyo a las organizaciones de pequeños productores, población si tierras y trabajadores rurales, a fin de proporcionar una más coherente asistencia/asesoría, inversiones e intercambios, y promover seguimiento y evaluación participativos del impacto de la reforma agraria y del desarrollo rural.

30. Comprometemos nuestras acciones y apoyo a la implementación de los principios de la CIRADR, para lograr la nueva visión de la reforma agraria y del desarrollo rural, a través de los siguientes puntos:

• 1. Desarrollaremos mecanismos apropiados a través de una plataforma duradera a nivel global, regional, nacional y local para institucionalizar el diálogo social, la cooperación y el seguimiento y evaluación de los avances en la reforma agraria y el desarrollo rural, los cuales son fundamentales para promover la justicia social y el fortalecimiento de la reforma agraria y del desarrollo rural ecológicamente sostenibles, más centrados en los pobres y respetuosos de la equidad de género.

• 2. Recomendaremos que el Comité de Seguridad Alimentaría Mundial (CSAM) de la FAO en estrecha colaboración con su Comité de Agricultura, adopten las medidas apropiadas para implementar la Declaración de la CIRADR. A fin de dar seguimiento a la implementación de la Declaración de la CIRADR, también recomendaremos que el CSAM adopte un conjunto de directrices adicionales para informar al respecto. Estos procesos deberían incluir la participación de la sociedad civil y de otros organismos de Naciones Unidas que tienen que ver con la soberanía alimentaría, la seguridad alimentaría, la reforma agraria y el desarrollo rural.

• 3. Apoyaremos las iniciativas de alianzas a nivel internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural según lo contemplado en la Declaración de la CIRADR

• 4. Proponemos que el diálogo con las diversas partes del Foro Especial a ser realizado durante la 32ª Sesión del Comité de Seguridad Alimentaría Mundial, a celebrarse en septiembre de 2006, incluya un punto de agenda sobre reforma agraria y desarrollo rural, como un mecanismo adicional de seguimiento de los resultados de la CIRADR. Este será un importante punto de agenda a ser discutido durante la revisión de medio término de los avances en la implementación del Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación.

• 5. Recomendaremos que la 131ª Sesión del Consejo de la FAO, a celebrarse en noviembre de 2006, examine la posibilidad de establecer mecanismos adicionales de seguimiento para dar asistencia a los países en la implementación de los resultados de la CIRADR.